El presidente Donald Trump firmó una controvertida orden ejecutiva que obliga a los votantes a presentar documentación oficial que acredite su ciudadanía al momento de registrarse para votar. La medida, calificada por expertos como inconstitucional, podría excluir del proceso electoral a millones de estadounidenses.
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La iniciativa incluye documentos como pasaportes, identificaciones militares o ciertas licencias de conducir, pero descarta los certificados de nacimiento como prueba válida. También prohíbe que se cuenten las boletas por correo recibidas después del día de la elección, incluso si fueron enviadas dentro del plazo legal, lo cual podría afectar el escrutinio en al menos 18 estados.
OFENSIVA DE TRUMP SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL
La orden refleja la insistencia de Trump en endurecer las normas electorales, basándose en denuncias infundadas de fraude electoral durante las elecciones de 2016 y 2020. No existe evidencia de un fraude generalizado por parte de no ciudadanos, según múltiples estudios judiciales y académicos.
Trump también amenazó con retener fondos federales a los estados que no apliquen las disposiciones de la orden. “Vamos a terminar con el fraude electoral”, declaró al momento de la firma, en un video publicado por la Casa Blanca.
CUESTIONAMIENTOS LEGALES Y POSIBLES DEMANDAS
Juristas y organizaciones de defensa del voto advirtieron que la orden podría ser rápidamente impugnada. “Esta orden ejecutiva es ilegal”, afirmó Wendy Weiser, vicepresidenta del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York. “El presidente no tiene autoridad para modificar los requisitos establecidos por el Congreso para el formulario federal de registro de votantes”.
Rick Hasen, profesor de derecho en UCLA, coincidió en que la medida busca suprimir el voto. “El objetivo es claro: reducir la participación electoral”, escribió en su blog. Además, recordó que el presidente no tiene control directo sobre la Comisión de Asistencia Electoral, entidad encargada del formulario nacional.
¿QUIÉNES PODRÍAN VERSE MÁS AFECTADOS?
La medida impactaría especialmente a trabajadores de bajos ingresos y habitantes de zonas rurales, muchos de los cuales forman parte de la base electoral de Trump. En general, estas personas enfrentan mayores barreras para obtener la documentación exigida.
Aunque los migrantes y afroamericanos, sectores más afines al Partido Demócrata, también podrían verse afectados, los ciudadanos naturalizados suelen conservar sus documentos de ciudadanía, lo que podría mitigar el impacto en ese grupo.
OPOSICIÓN DEMÓCRATA Y RESPALDO REPUBLICANO
Desde el Partido Demócrata, funcionarios ya preparan acciones legales. Jocelyn Benson, secretaria de Estado de Michigan, advirtió: “Si el negacionista en jefe intenta interferir con el derecho al voto, lo enfrentaremos en los tribunales”.
Por su parte, algunos republicanos celebraron la medida. “Este es un gran primer paso hacia una reforma electoral nacional”, opinó Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia.
IMPLICANCIAS PARA EL SISTEMA FEDERAL
La Constitución otorga a los estados la potestad de organizar sus elecciones, aunque el Congreso puede intervenir en ciertos aspectos. Sin embargo, el presidente no tiene competencias para imponer cambios en el registro federal de votantes, lo que representa un punto clave en las posibles impugnaciones judiciales.
Además de la prueba de ciudadanía, la orden instruye que las papeletas de votación no contengan códigos QR ni códigos de barras, lo cual obligaría a varios estados a renovar su equipamiento electoral.
UN PANORAMA INCIERTO
A pesar del impulso de Trump, no está claro si su orden ejecutiva se mantendrá frente a los desafíos legales. Mientras tanto, la Cámara de Representantes se prepara para votar un proyecto de ley similar, que permitiría el uso de certificados de nacimiento como prueba de ciudadanía, en contraste con la orden presidencial.
La batalla por las reglas del voto en Estados Unidos, especialmente en un año electoral, apenas comienza.
