El lunes 19 de mayo despegó desde Houston, Texas, el primer vuelo del nuevo programa migratorio “Vuelta a Casa”, impulsado por el Gobierno de Donald Trump. En la aeronave viajaban 64 migrantes —38 hondureños y 26 colombianos— que aceptaron retornar voluntariamente a sus países bajo la figura de “autodeportación”, definida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como una alternativa a los procesos de deportación tradicionales.
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La iniciativa busca reducir costos operativos y acelerar las expulsiones, ofreciendo a los migrantes asistencia financiera, asesoría legal y la posibilidad de regresar legalmente a EE.UU. en el futuro. A diferencia de las deportaciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), este plan se basa en decisiones individuales formalizadas a través de la aplicación CBP One.
Entre los pasajeros estaba Wilson Sáenz, un hondureño de 22 años que había migrado en septiembre desde Puerto Cortés. «Ya no había trabajo», dijo a AFP, señalando que espera tramitar una visa para retornar legalmente. También viajaba Iris Díaz, madre de dos niños, quien optó por irse tras la deportación de su esposo.
APOYO ECONÓMICO Y REINTEGRACIÓN
Cada migrante recibió un estipendio de 1.000 dólares del Gobierno estadounidense. Además, los hondureños se beneficiaron del programa nacional “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, que entrega un bono adicional, cupones de alimentos y apoyo para la inserción laboral. En Colombia, los retornados serán atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna, aseguró que los participantes conservarán su derecho a reingresar a EE.UU. de forma legal, aunque no detalló los mecanismos ni excepciones a las sanciones vigentes. Entre las consecuencias para quienes no se acojan al programa se incluyen multas, cárcel, embargo de bienes y la prohibición permanente de regresar al país.
“La elección es clara: regresar con dignidad y apoyo, o enfrentar consecuencias legales severas”, concluyó Noem.
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— Revista Punto de Vista (@PuntodeVistaSLP) May 20, 2025
