La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en duros términos las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, calificándolas como un “intento lamentable” de entorpecer su labor judicial. La medida, que congela los activos de cuatro jueces del tribunal, responde a la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán y a la reciente orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
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Las sanciones fueron anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien justificó la decisión señalando que los magistrados sancionados —procedentes de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda— han participado “activamente en acciones ilegítimas” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Rubio acusó a la CPI de estar “politizada” y de pretender “atribuirse una autoridad que no posee” para enjuiciar a ciudadanos estadounidenses o israelíes, lo que, dijo, constituye una amenaza a la soberanía nacional.
Los castigos incluyen el bloqueo de activos en jurisdicción estadounidense y restricciones que podrían dificultar a los jueces operar financieramente a nivel global. La orden también contempla sanciones para ciudadanos estadounidenses que colaboren con los sancionados.
FUERTE RESPALDO EUROPEO A LA CPI
La reacción internacional fue inmediata. La Unión Europea manifestó su “profunda preocupación” por la ofensiva estadounidense. “La CPI exige cuentas a los autores de los crímenes más graves del mundo y debe poder actuar sin presiones externas”, afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió la independencia del tribunal, al que calificó como “una piedra angular de la justicia internacional”. Eslovenia, país de origen de una de las juezas sancionadas, solicitó la activación del “estatuto de bloqueo”, un mecanismo que impide que empresas europeas acaten sanciones extranjeras que la UE considere ilegítimas.
Francia también se sumó a la condena. “Expresamos nuestra solidaridad con los jueces afectados y reiteramos nuestro apoyo inquebrantable a la CPI”, declaró el Ministerio de Exteriores francés, instando a Washington a retirar las sanciones.
TENSIÓN ACUMULADA
Este nuevo capítulo se enmarca en una larga confrontación entre Trump y la Corte de La Haya. Ya en su primer mandato, el expresidente impuso sanciones contra funcionarios del tribunal por investigaciones relacionadas con Afganistán e Israel, medidas que fueron anuladas por la administración Biden en 2021.
La tensión resurgió en febrero, cuando la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por su papel en la ofensiva contra Gaza, que ha dejado más de 50.000 muertos, en su mayoría civiles. Estados Unidos e Israel no son miembros del tribunal ni reconocen su jurisdicción.
La propia presidenta de la CPI, Tomoko Akane, había solicitado en marzo que la UE ampliara la protección del estatuto de bloqueo al tribunal. Además, Trump ya había sancionado previamente al fiscal jefe Karim Khan, quien actualmente está temporalmente apartado de su cargo debido a una investigación de Naciones Unidas por presunta conducta sexual indebida.
Pese a la presión estadounidense, la CPI reiteró que continuará su trabajo “de forma independiente e imparcial”, y llamó a la comunidad internacional a defender la integridad del sistema judicial internacional.
The International Criminal Court deplores new sanctions from the US administration against #ICC Officials ⤵️ https://t.co/Ssh34yliFu
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 5, 2025
