Como parte de una “reorganización” administrativa emprendida por Caracas tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cerró siete entidades públicas.
“Este decreto tiene por objeto la reorganización del funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y sus entes adscritos”, planteó el documento oficial firmado por la mandataria y difundido en la Gaceta Oficial del país.
Según el decreto, Venezuela “debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social” y por ello “se impone la necesidad” de realizar cambios que procuren la satisfacción de los intereses colectivos del país.
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Las siete entidades afectadas por la medida —que fueron suprimidas y serán liquidadas— incluyen la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la Fundación Propatria 2000, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas).
90 DÍAS
Según el documento las funciones de estas instituciones públicas serán reasignadas a otras misiones del ministerio, a empresas estatales o al Ministerio de Exteriores de Venezuela. El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de 90 días para completarse.
Una junta liquidadora —compuesta por un presidente y seis miembros designados por el ministro de la Presidencia, el capitán Juan Escalona— será la encargada de dirigir el proceso y asumir la “dirección, administración y representación legal” de los entes clausurados.
Frente al anuncio, el partido opositor Primero Justicia exigió que el “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo” sea un proceso real y pidió que “se dé a conocer cada paso del proceso de liquidación”, subrayando que los venezolanos tienen derecho a acceder a la información emanada de los organismos públicos.
“Este es un paso que nos acerca a la consolidación de la transición”, afirmó la formación, que también reclamó como punto fundamental para el proceso democrático la reinstitucionalización del país.
