Venezuela impulsa amnistía general para presos políticos, en un giro importante de la ya no tan clara dictadura chavista.
La iniciativa busca terminar con el período de violencia política desde 1999 hasta el presente y será presentada ante la Asamblea Nacional con carácter de urgencia. Rodríguez afirmó que la medida tendría como objetivo “promover la convivencia pacífica” en el país.
DETALLES DEL PROYECTO
Rodríguez hizo el anuncio durante la apertura del año judicial ante magistrados, líderes del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. De acuerdo con lo informado, la ley abarcará todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la fecha. La mandataria a cargo pidió que el proyecto sea presentado con rapidez ante la Asamblea Nacional.
El proyecto aún no fue difundido en su texto completo, por lo que no hay claridad sobre los criterios para determinar quién será beneficiado. El gobierno indicó que la iniciativa será debatida y aprobada próximamente. Organizaciones civiles y familiares de presos han pedido que el alcance sea amplio e incluyente.
El anuncio se produce en un contexto de excarcelaciones parciales que el gobierno ha promovido desde principios de año. Líderes políticos y grupos de derechos humanos han instado también a liberar a quienes consideran detenidos por razones políticas. El proceso ha generado tanto expectativas como críticas por la falta de transparencia en las listas.
EXCLUSIONES Y ALCANCES
Según reportes internacionales, el proyecto excluirá a personas condenadas por homicidio, narcotráfico y delitos comunes, enfocándose en quienes fueron detenidos producto de la lucha política. La propuesta busca enmarcarse como una reparación por años de persecución judicial. La intención declarada por Rodríguez es “sanar las heridas” de la confrontación política en Venezuela.
Los detalles de la ley no han sido difundidos, y la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, tendrá la palabra definitiva. Grupos como Foro Penal estiman que aún cientos permanecen en prisión por causas vinculadas a su activismo.
La iniciativa también contempla transformaciones simbólicas, como el anuncio de cierre del centro de detención El Helicoide, calificado por organizaciones de derechos humanos como un sitio donde se documentaron torturas y abusos. El plan es reconvertirlo para fines deportivos, sociales y culturales.
CONTEXTO POLÍTICO
El anuncio ocurre semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa, lo que ha generado un escenario político cambiante en Venezuela. El gobierno ha promovido liberaciones parciales desde principios de enero, aunque organizaciones de derechos humanos señalan que muchas de estas excarcelaciones se dieron sin mecanismos claros de reparación o seguimiento.
ONGs como Foro Penal han documentado cientos de liberaciones desde enero, aunque señalan que todavía quedan cientos de presos políticos bajo custodia. Los familiares de detenidos han organizado protestas y vigilias para exigir la libertad plena y la eliminación de cargos. Estas demandas han marcado parte de la agenda social en Caracas y otras regiones.
Por su parte, el llamado Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó una propuesta legislativa similar con el objetivo de garantizar libertad y derechos a exiliados, activistas y familiares de presos políticos. Ese proyecto subraya la necesidad de mecanismos independientes de verificación.
IMPULSO INTERNACIONAL Y CRÍTICAS
La propuesta de amnistía ha sido respaldada en parte por sectores vinculados a la oposición y por países que han pedido liberaciones de detenidos por motivos políticos. Estados Unidos y otros actores han señalado que la liberación de presos políticos es un elemento clave para avanzar en la normalización de relaciones internacionales.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que una amnistía general no debe convertirse en una forma de impunidad. Piden que los procedimientos incluyan criterios claros y mecanismos de justicia restaurativa. También solicitan que la implementación de la ley sea transparente y con participación de observadores independientes.
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