El Parlamento de Venezuela aprobó una ley para castigar con cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país.
«Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años», sostiene uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que plantea reforzar sanciones.
Esto, porque Washington apoya a la oposición venezolana, que acusa un fraude en la reelección del líder chavista Nicolás Maduro y reconoce el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.
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MULTAS E INHABILITACIÓN
De acuerdo con la nueva legislación, habrá multas de un rango de entre cien mil y un millón de dólares y hasta 60 años de inhabilitación.
El castigo es igual para «toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza» contra el país.
Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias.
Asimismo, la nueva ley sanciones a los medios de comunicación que divulguen «propaganda» en favor de sanciones o «mensajes» que las respalden.
Las consecuencias pueden llegar a la «revocatoria de la concesión» para operar en los casos de televisoras y emisoras de radio, así como las multas ya descritas.
Mensajes en prensa, así como redes sociales, son castigados con las mismas sanciones.
Según la ley, si los juzgados por impulsar o respaldar sanciones son extranjeros, podrán ser objeto de «expulsiones» del país y confiscados sus bienes.
LEY BOLIVAR
El texto legal de Venezuela para castigar con cárcel a quienes promuevan sanciones internacionales contra el país se llama «Ley Libertador Simón Bolívar».
Es una respuesta a un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (falta que pase por el senado) que fortalece las sanciones contra Caracas.
Su nombre: Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR, por sus siglas en inglés).
Como su nombre lo dice, prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, que tilda de «ilegítimo», o con cualquier otro «no reconocido como legítimo» por Washington.
Caracas calificó el proyecto, a través de un comunicado de la cancillería, como un «ataque criminal».
Además, acusó que «de manera desvergonzada, le han colocado (a la ley) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo».
