La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió temporalmente una resolución judicial que autorizaba a cuatro reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad (REPAS) a realizar videollamadas con personas del exterior.
Esta decisión llega después de que Gendarmería interpusiera un recurso de apelación, argumentando preocupaciones de seguridad.
Según un reportaje emitido por Mega, quien autorizó este beneficio fue el juez Daniel Urrutia, perteneciente al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La polémica decisión del Juez Daniel Urrutia
El 25 de enero el juez Urrutia otorgó el beneficio de videollamadas con familiares y parejas a cuatro internos condenados por crímenes grave.
Los reclusos beneficiados por la medida, se encuentran en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), y están vinculados a bandas criminales conocidas, como el Tren de Aragua y Los Gallegos.
En consecuencia, esta autorización generó una inmediata respuesta de Gendarmería y del Gobierno, quienes expresaron su alarma por la posibilidad de que los reclusos se comunicaran con terceros no autorizados, lo que podría facilitar la coordinación de actividades delictivas desde dentro de la cárcel.
Frente a esto, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, dijo a Mega que «estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país; aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior».
Resolución de Juez Urrutia en pausa
Frente a lo interpuesto por Gendarmería de Chile, la Corte de Apelaciones emitió una orden de no innovar, lo que significa que la resolución del juez Urrutia quedará en suspenso mientras se resuelve el fondo del reclamo presentado por Gendarmería.
Los argumentos de la institución penitenciaria fueron en la línea que «considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados.»
Manifestando también lo grave que es que «mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración».
Quiénes son los beneficiados por la decisión del Juez Urrutia
Recordemos que estos reclusos, están alojados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), vinculados a delitos graves como extorsiones, trata de personas, homicidios y secuestros.
Uno de los reclusos beneficiados con la medida es Edward Yorgenis Navas Navarro, quien está asociado con la banda criminal Tren de Aragua.
Esta organización delictiva ha extendido sus actividades en Chile los últimos meses. Ahí Navas Navarro es identificado como un presunto exjefe narco dentro de esta banda.
Otro recluso relevante en este contexto es Ovicmarlixon Josué Garcés, acusado del asesinato del suboficial Daniel Palma, en abril de 2023.
Por este crimen para Garcés se está solicitando una pena que supera los 80 años de prisión.
Paraticularmente este caso ha atraído gran atención, dada la naturaleza del crimen y la figura de la víctima involucrada.
La inclusión de estos individuos en la decisión del juez Urrutia de permitir videollamadas ha sido un factor clave en la controversia suscitada, considerando los antecedentes penales y la peligrosidad asociada a estos reclusos.
Quién es el controvertido juez Daniel Urrutia
Daniel Urrutia, nació en Santiago en 1974, fue educado en el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle y posteriormente cursó estudios en Derecho en la Universidad de Chile.
Su carrera en el Poder Judicial se inició en marzo del año 2000, y desde entonces ha desempeñado roles en varios juzgados, incluyendo los de Garantía de Freirina, Ovalle y Coquimbo, antes de su llegada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en 2006.
Según el medio Ex-Ante, Urrutia ha mostrado interés en temas de derechos humanos, evidenciado por su participación en un diplomado en esta materia y su propuesta al Poder Judicial para adoptar medidas de reparación por su rol en tiempos de dictadura.
Esta postura lo llevó a enfrentar una censura por escrito por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena en marzo de 2015, que más tarde fue modificada a una amonestación privada y finalmente dejada sin efecto en 2018.
Corte Interamericana de DDHH
Su crítica a ciertas prácticas judiciales lo llevaron a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en noviembre de 2020, el Tribunal Internacional consideró al Estado de Chile responsable por violación de sus derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales. Como resultado, se le compensó con una suma de dinero por daño inmaterial y reembolso de gastos de litigio.
Cambio de cautelares a presos del estallido social
En el ámbito nacional, Urrutia figuró en la opinión pública por reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario a un total de 13 imputados por delitos relacionados con el estallido social del 18 de octubre, citando el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles.
Frente a este hecho, ese mismo día, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión del juez. Se le suspendió de sus funciones y se abrió un sumario en su contra. En respuesta, el juez Urrutia se querelló contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones y una ministra de la Corte Suprema.
Por otro lado, expresó su apoyo a la desaparecida Convención Constitucional y ha abogado por una reforma del Poder Judicial, postura que le ha generado tanto respaldo como críticas dentro del ámbito judicial y público.
Así, es como en abril de 2023, la Asociación de Magistrados confirmó una censura por escrito en su contra relacionada con sus declaraciones sobre «refundar» el Poder Judicial.
Acerca de su última decisión -el caso de las videollamadas a presos de la cárcel de Alta Seguridad- continúa su proceso legal mientras se espera una resolución definitiva por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Estamos invirtiendo más de $2 mil millones en seguridad carcelaria. Estas decisiones, dinamitan el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado. https://t.co/Mq87LWBY0t
— Claudio Orrego L. (@Orrego) February 15, 2024
