Si esto fuera una película bien podría llamarse La maldición de Carabineros: desde 2015, cuando Gustavo González Jure entregó el mando a Bruno Villalobos Krumm, ningún general director ha concluido su periodo de cuatro años al mando de la institución.
Y más encima lo de González Jure puede haber sido una excepción, porque su antecesor –Eduardo Gregorio Gordon Valcárcel– renunció en forma anticipada a la jefatura de Carabineros el 2 de septiembre de 2011 aduciendo problemas de salud y en medio de cuestionamientos por su rol en las protestas estudiantiles y de la CUT, y de una denuncia de haber pedido modificar un parte policial para ocultar la participación de su hijo en un accidente automovilístico y darse a la fuga.
Había asumido en junio de 2008, luego de la trágica la muerte del general José Alejandro Bernales en un accidente en helicóptero cuando estaba en una visita oficial a Panamá, quien por razones obvias tampoco completó su periodo.
Y, a pesar de que -al menos hasta hace poco- en Carabineros tienen la idea de que ahora sí habrá un cambio de mando «normal», la reciente citación por parte de la fiscalía del general Ricardo Yáñez a audiencia de formalización en mayo próximo revive los fantasmas.
Y lo hacen, más encima, cuando según la encuesta Cadem de noviembre la institución había recuperado su prestigio entre la ciudanía y aparecía como la cuarta institución mejor evaluada, con 75% de aprobación.
CUATRO DIRECTORES EN CINCO AÑOS
El fraude en Carabineros (también conocido como Pacogate), la Operación Huracán, el caso Catrillanca y el estallido social provocaron la salida de más de 58 generales en cinco años.
Pero concentrémonos en los generales directores y las responsabilidades de mando.
Bruno Villalobos Krumm (2015-2018) renunció apenas asumió su segundo mandato el Presidente Sebastián Piñera, en marzo de 2018, a seis meses de entregar el mando.
El alto oficial enfrentó el escándalo del fraude de más de $28 mil millones en Carabineros (el famoso Pacogate) y también la Operación Huracán, donde se acusó a miembros de la inteligencia de la policía de montar pruebas contra comuneros mapuches.
Luego vino Hermes Soto Isla (marzo 2018 a diciembre 2018), quien duró solo nueve meses.
Se negó a renunciar y tuvo que ser destituido por el Senado, a petición del Presidente Sebastián Piñera, luego del crimen de Camilo Catrillanca y que se descubrieran mentiras del personal que participó en el operativo donde murió el comunero mapuche.
El mando, luego, lo asumió el general Mario Alberto Rozas Córdova (diciembre de 2018 hasta el 19 de noviembre de 2020), quien parecía sortear los embates de la contingencia, hasta el estallido social.
Su salida de la institución se terminaría sellando en noviembre de 2020, luego de que dos carabineros dispararan en un centro del Sename, siendo “la gota que rebasó el vaso” de su continuidad.
Y AHORA EL GENERAL YÁÑEZ
A partir de noviembre del 2020 asumió el general Ricardo Álex Yáñez Reveco, cuyo mando debería terminar en noviembre de este año.
Eso, ahora, depende en parte de lo que pase el 7 de mayo, cuando sea formalizado por la fiscal Ximena Chong por su rol como jefe de Orden y Seguridad en el estallido social antes de asumir como general director.
Eso, aunque el ministro de Justicia, Luis Cordero, ya aclaró que “legalmente no existe imposibilidad» de que el uniformado pueda continuar en su cargo luego de ser formalizado.
«Una cosa distinta es la atribución constitucional que pudiera ejercer el Presidente, pero eso es un asunto que corresponde evaluar en el momento que corresponda”, agregó.
¿Seguirá entonces la maldición de Carabineros?
SÍ, PERO NO
Y entonces vino la polémica de si el Presidente Boric llamó o no a Yáñez para expresarle su respaldo, como había revelado el defensor del uniformado, Jorge Martínez.
“Entiendo que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, que el mismo abogado se vio en deber de desmentir.
Las conversaciones privadas no se comentan públicamente“, dijo el Mandatario en un punto de prensa.
¿Quedó claro?
Para nada.
Más tarde el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, sinceró que “el Presidente efectivamente habló con el General Yáñez».
En todo caso, lo que es apoyo-apoyo, no se ha visto. Solo a la institución.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), se centró en que la formalización del Yañez, «no altera y no debiese alterar el trabajo que estamos realizando» con la institución.
«Vamos a evaluar y tomaremos decisión en función de lo que suceda en la audiencia», aseguró en Cooperativa.
Respecto de las solicitudes de renuncia de Yáñez del cargo, dijo que «las opiniones pueden ser diversas», pero que como Gobierno «no podemos ceder a las presiones».
«En este caso, respetamos obviamente el actuar de la justicia y los tiempos que tiene la justicia.
Entonces, primero, no podemos adelantarnos; en segundo lugar, lo que nos interesa es mantener la institución funcionando», recalcó.
¿Vendrá otro capítulo de la maldición de Carabineros?
DOS POSTURAS
En el oficialismo hay dos posturas.
Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han llamado al Gobierno a no respaldar a Yáñez.
Parte del Socialismo Democrático, en tanto, apoya su permanencia.
En todo caso, todos terminan la frase correspondiente diciendo que esa decisión es una facultad exclusiva del Presidente.
El diputado Andrés Giordano (Ind-FA) opinó que “existe una incompatibilidad con su permanencia en el cargo (de Yáñez), como existiría frente a cualquier otra acusación de un funcionario público”.
Agregó que “nos parece que, dada la sensibilidad del caso y entendiendo los antecedentes que hoy día está tomando el Ministerio Público para tomar una determinación como la que ha tomado, es una carta que debe evaluar“.
Coincidió la diputada Gael Yeomans, (CS), quien dijo que seguir en el cargo mientras está siendo parte de un juicio.
“Lo va a tener preocupado y no va a tener todos sus sentidos puestos en una de las preocupaciones más importantes que tiene la ciudadanía que es la seguridad».
¿Y LA SEGURIDAD?
Desde el Socialismo Democrático, en cambio, el diputado del PS Raúl Leiva aseguró que “asistimos a una etapa muy preliminar del proceso de persecución criminal.
Por consiguiente, no existe mérito alguno para solicitar la renuncia o que el general director dé un paso al costado”.
“En momentos que vivimos la peor crisis de seguridad en nuestro país.
El foco debe estar en apoyar a Carabineros y al general director en su labor de persecución del crimen organizado y el narcotráfico”, añadió.
Su par Daniel Manouchehri aseveró que “el Gobierno ha desarrollado un buen trabajo con Carabineros con mucha coordinación y apoyo a la institución. Lo relevante de todo esto es que no se afecte el trabajo por la seguridad de los chilenos”.
El diputado del PPD Raúl Soto, en tanto, valoró la “prudencia” del Gobierno al no intervenir en un proceso judicial en curso.
“Mientras esa investigación no avance y no se tenga claridad respecto del carácter de las imputaciones y las decisiones en condenas finales que se van a tomar, me parece que lo más prudente es tomar distancia de este tema”, comentó.
ÉCHALE LA CULPA AL «OCTUBRISMO»
La oposición ha cerrado filas en torno al director de Carabineros.
De hecho, diputados de Renovación Nacional (RN) solicitaron que sea el mismísimo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien asuma la investigación contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Esto, debido a “severos cuestionamientos en la conducción de los fiscales (Xavier) Armendáriz y (Ximena) Chong” en las investigaciones, por las cual el líder de la policía uniformada será formalizado .
Parlamentarios con Diego Schalper y María José Hoffmann echaron mano al argumento de que detrás de la eventual formalización Yáñez existe un «segundo aire de octubrismo avalado y quizás impulsado desde algunos sectores de La Moneda», como dijo el primero.
Un «octubrismo y activismo judicial de izquierda», como dijo la segunda.
GALLITOS EN LA FISCALÍA
Y ahora la trama que faltaba en esta película para mantener aún más la tensión.
Responsable de la posible continuación de la maldición de Carabineros ha sido la fiscalía, de la mano del fiscal regional Metropolitano Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad, Ximena Chong.
Esto, en la investigación donde Yáñez está imputado por la eventual responsabilidad de mando en delitos contra los derechos humanos cometidos por la policía durante las protestas de 2019.
Su defensa solicitó removerlos del caso y el fiscal nacional se está tomando todo el tiempo del mundo para resolver.
Eso sí, sacó a Armendáriz de su círculo de confianza cuando este corrió con colores propios e ingresó al tribunal la solicitud de formalización del general.
Ahora hay que esperar a ver qué dice el fiscal nacional.
Primero, ver que pasa con la audiencia que tiene Yáñez este mes para ver si lo sobreseen.
Luego, ver qué hará el gobierno.
Y, por último, ver cómo reacciona la institución.
A estas alturas, esto es lo que se llama una noticia en desarrollo.
Porque la historia no termina. Y, al parecer, no tiene para cuando.
