A juicio del diputado socialista, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el descuelgue de Apruebo Dignidad (PC + FA), es una falta de compromiso «grave» y asegura que había un acuerdo para apoyar las indicaciones del Ejecutivo, lo que no se cumplió.
Desde el PS acusan un desorden que quedó en evidencia en las filas oficialistas el martes pasado, jornada en la que la Cámara despachó la ley en contra de las usurpaciones.
El gobierno, junto a algunos legisladores del PS, el PPD, liberales y radicales, estaban en un escenario imposible.
Si bien ellos compartían la necesidad de avanzar con una nueva normativa que endureciera las penas en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos, tenían discrepancias profundas con la redacción que había impuesto la derecha. Esta facultaba a civiles iniciar la recuperación por la fuerza de sus inmuebles tomados en cualquier momento, en base a un principio de “legítima defensa privilegiada”.
Sin embargo, los esfuerzos del Ejecutivo y de este grupo de diputados tampoco contaba con el apoyo de las bancadas de Apruebo Dignidad, que se oponían a cualquier medida que penalizara con cárcel las tomas.
La propuesta del gobierno apenas logró 24 votos, lo que para el parlamentario PS «No es normal, lamentablemente, que se obtenga esa votación. Al gobierno hay que acompañarlo en los proyectos que son populares y también en los que parece que no lo son tanto. Hay un compromiso de gobierno. Esa votación refleja lamentablemente la falta de compromiso con las indicaciones del gobierno. Era una indicación que pretendía mejorar este proyecto», dijo.
«Hay que contextualizar esa votación. Era una de las últimas votaciones. Como eran tantos los artículos inadecuados que habían sido aprobados y que eran varias las indicaciones (del gobierno) que fueron rechazadas, uno podría entender que eso generó el desorden», argumentó.
Según Raúl Leiva, el que el PC y el FA no hubieran «entendido» las indicaciones, «Es una posibilidad. Lo que hacían esas indicaciones era reforzar la viabilidad del proyecto, para sancionar con pena corporal y con flagrancia permanente el delito de usurpación. Pero hacía una clara distinción entre usurpación violenta y no violenta y las sanciones que acarreaba».
Ahora, si la decisión de Apruebo Dignidad era hacer un punto político, para el parlamentario socialista, «A mi juicio, eso no corresponde. La seguridad tiene que ser debatida con sentido de Estado. No por lo que un nicho electoral espera de sus representantes. Si no somos capaces de mirar la seguridad con sentido de Estado y sancionar este tipo de delito, no cumpliremos nuestro rol como gobierno. Muchas veces las usurpaciones generan crimen organizado, loteos irregulares y personas que lucran. Es importante señalar que gracias a una indicación del Ejecutivo que sí se aprobó permite distinguir entre los campamentos que están constituidos y otro tipo de usurpaciones», aseveró.
«No tomar definiciones con sentido de Estado, no apoyar al gobierno en una votación difícil, da cuenta de una problemática compleja y grave. Así hicieron ver los diputados del PPD. Lo importante es que seamos capaces de convenir que es importante apoyar a nuestro gobierno, no solo para ocupar cargos en el Estado. Si hay un disenso legítimo, bueno, hacerlo ver y representarlo. Pero en este caso, no se representó. Muy por el contrario, existía un acuerdo para apoyar las indicaciones del Ejecutivo y las que proponía el PC. Quiero destacar que el PS cumplió con su compromiso», señaló en entrevista con La Tercera.
«Reparos siempre puede haber, observaciones, formas distintas de analizar, de proponer y resolver una problemática, pero en este caso existía un acuerdo. Hubo reuniones de bancadas del oficialismo, que daban cuenta de la necesidad de apoyar las indicaciones del Ejecutivo para mejorar un proyecto que lamentablemente la derecha saca un provecho político y no jurídico, para forzar un veto. Una parte importante de los parlamentarios de oposición entienden que entregar legítima defensa privilegiada, en la forma que está redactada, genera un problema adicional», asegura el parlamentarios socialista, «había un compromiso de las bancadas oficialistas para (apoyar) las indicaciones del Ejecutivo», recuerda.
