La Corte Suprema volvió a autorizar a que las fuerzas armadas y de orden exhiban en instalaciones militares los retratos de líderes de la dictadura y el golpe de Estado que hace 51 años acabó con el Gobierno democrático de Salvador Allende.
Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago lo había prohibido a raíz de un requerimiento de la Nómina de prisioneros políticos y torturados.
De acuerdo con el máximo tribunal los retratos al óleo del almirante José Toribio Merino y de los generales directores de Carabineros César Mendoza y Rodolfo Stange no constituyen homenajes sino registros históricos de quienes estuvieron a la cabeza de la Armada de Chile y la policía uniformada.
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Durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron asesinados al menos tres mil 200 opositores; mil 469 de ellos fueron víctimas de desaparición forzada.
Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros mil 162, según las últimas cifras oficiales.
«RESPONSABLES DE POLÍTICAS CRIMINALES»
«No podemos compartir el argumento de la Corte (Suprema) para revocar las sentencias de la Corte de Santiago», dijo al respecto el abogado de la Fundación Memoria Histórica, Luis Mariano Rendón.
«No se mandan a hacer retratos al óleo de personajes simplemente para dejar registrada su existencia, rasgos faciales o características antropométricas. Se trata de obras de arte que buscan enaltecer la imagen de ciertos individuos y así son exhibidas», argumentó.
«Nadie ha pedido que se eliminen las fotografías de estos sujetos que puedan existir en sus hojas de vida. Esos sí son registros históricos que deben ser conservados», explicó.
Rendón denunció que «lo que hace la Corte es ‘normalizar’ la imagen de personajes responsables de políticas criminales. Esa normalización opera al exhibir los retratos de esos personajes junto a los de oficiales decentes, respetuosos de la Constitución y la ley y de la dignidad de sus compatriotas».
El abogado reclamó que «es penoso que la Corte no se haya pronunciado sobre uno de los fundamentos centrales de nuestra acción, en el sentido que tanto Merino como Mendoza usurparon el mando de sus instituciones y por esa razón adicional, tampoco debiesen estar junto a mandos institucionales legítimos».
«UN RETROCESO»
Según la diputada Lorena Fries, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, «el fallo de la Corte Suprema es un retroceso en garantías de no repetición, porque la exhibición de retratos de autoridades de la dictadura lo único que hace es darle algún grado de justificación a esos años oscuros que vivimos».
Para la parlamentaria, «habrá que acatar el fallo, pero hay que levantar una alerta sobre este retroceso cultural que ahora empieza a permear también a las instituciones democráticas que han sido claves en fijar un consenso y un rechazo a lo que fue la dictadura y sus políticas de represión».
