¿Qué sanciones podrían enfrentar los gendarmes por el trato preferencial a Macaya?
Las investigaciones en curso sugieren que los gendarmes involucrados podrían enfrentar acusaciones de cohecho o tráfico de influencias por el trato otorgado a Eduardo Macaya Zentilli.
La incautación de teléfonos celulares y el análisis de las comunicaciones entre los funcionarios y el condenado son claves para determinar si existió algún tipo de negociación o favoritismo.
Expertos coinciden en que las sanciones penales para los gendarmes involucrados podrían ser significativas, incluyendo penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La gravedad de los hechos y la connotación pública del caso aumentan la presión para que se aplique la ley con todo el rigor.
Trato preferencial
Los hechos investigados ocurrieron cuando el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando decretó prisión preventiva para Eduardo Macaya mientras la sentencia no estuviera ejecutoriada.
Las autoridades le otorgaron un trato preferencial a Macaya, manteniéndolo solo tres días en prisión preventiva y alojándolo en la enfermería del recinto en una sala destinada a mujeres, en lugar de conducirlo a celdas de aislamiento o módulos de baja peligrosidad.
El Ministerio Público abrió una investigación y Gendarmería inició un sumario para “establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”. Personal del OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, y de otros involucrados.
Posibles sanciones a gendarmes
El exfiscal Carlos Gajardo explicó, a radio Bio Bio, que la investigación busca determinar la posible existencia de un delito, como cohecho o tráfico de influencias, para que Macaya recibiera un trato especial por parte de los funcionarios. “La incautación de los teléfonos celulares es una herramienta importante para establecer si existió o no un delito”, señaló Gajardo.
La exfiscal Marisa Navarrete, también consultada por radio Bio Bio, indicó que, aunque es prematuro para establecer exactamente lo sucedido, los funcionarios y Eduardo Macaya podrían enfrentar cargos. “Las sanciones penales podrían ser por algún tipo de cohecho, por haber obtenido algún beneficio económico, y por haber infringido la normativa interna de la cárcel. En el caso de Macaya Zentilli, las penas son más bajas siempre, pero podría ser castigado por un delito de soborno”, explicó Navarrete.
Cristián Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, comentó que “las penas por tráfico de influencias son de 3 a 10 años para los funcionarios públicos”, y añadió que hay otras penas accesorias como inhabilitación y multas.
Recurso de la Defensoría de la Niñez
La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron la prisión preventiva contra Eduardo Macaya, cambiando esta medida cautelar por arresto domiciliario. Según fuentes de Radio Bío Bío, la Corte Suprema podría solicitar este lunes un informe a los ministros del tribunal para conocer los argumentos detrás de esta decisión.
Lea también UDI solicita a entidad internacional investigue actuación de fiscal Chong
Caso Macaya: Fiscalía de O’Higgins toma radical medida contra gendarmes ante posible tráfico de influencias https://t.co/M5fe0EF1hP
— Publimetro (@PublimetroChile) July 27, 2024
