A siete años del inicio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la agrupación hoy está liquidada por la justicia e investigada por el Ministerio Público por la presunta ocurrencia de delitos en el tratamiento de los dineros públicos.
Su inspirador, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, está siendo investigado por diversas querellas criminales en su contra.
Los alcaldes que en un inicio fueron socios de la organización liderada por Jadue, hoy operan sus farmacias comunales de manera autónoma ante el nulo cumplimiento que tuvo la iniciativa del representante del PC.
El año 2016 un grupo transversal de alcaldes llegó hasta Recoleta para conocer el proyecto estrella del alcalde Daniel Jadue, las denominadas “farmacias populares”.
Ese año, las autoridades comunales decidieron crear la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) para -entre otras cosas- lograr compras a mejores precios de medicamentos e insumos médicos, la gran promesa del proyecto.
Desde entonces han pasado siete años y actualmente la agrupación está en proceso de liquidación y los 91 alcaldes que integraron Achifarp han sido citados a declarar -como testigos- por el Ministerio Público que indaga presuntas maniobras de blanqueamiento de dineros, cohecho y eventual malversación de recursos públicos provenientes de las municipalidades asociadas a la agrupación.
El Ministerio Público sospecha que varios alcaldes hayan sido utilizados como “palos blanco”, sin enterarse, para triangular dineros provenientes de arcas municipales. Lo anterior, porque algunas autoridades han desconocido haber formado parte de la agrupación, como el caso de Antofagasta o Punta Arenas. Quienes se han ido de la agrupación, pero siguen apareciendo en listados oficiales como socios de Achifarp, afirman que se salieron hace años, porque les salía más barato adquirir medicamentos en el mercado que a través del organismo.
Los problemas judiciales de Achifarp iniciaron luego de la autodenuncia de César Ramírez, exejecutivo de Best Quality SPA, una de las empresas proveedoras de la asociación. En su declaración ante la Fiscalía, aseguró haber pactado con Jadue un soborno a cambio de adjudicarse un negocio por $ 900 millones con las farmacias populares. Por este hecho, el Ministerio Público investiga por cohecho al alcalde comunista. Este jueves, el fiscal nacional, Ángel Valencia, no descartó que el alcalde de Recoleta pudiera ser formalizado por estos hechos.
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC), señaló a La Tercera, que a finales del 2018 se retiraron de la agrupación por no lograr precios bajos prometidos. Ortiz detalla que “nos dimos cuenta de que nosotros como municipios igualmente podíamos llegar a los laboratorios a negociar los medicamentos, por lo tanto, llevé al concejo municipal la petición, que fue aprobada por la mayoría de los integrantes del concejo, y nos retiramos. Sin pago alguno, ni incorporación, ni mensualidad, ni nada”.
Ortiz detalla que si bien los supuestos precios bajos se registraban y pese a que compraron algunas cosas, “al final no valía mucho la pena, porque podíamos verlo nosotros directamente”.
Algo que también apoya el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien explica al mismo medio que en su comuna “finalmente logramos más rebajas por la buena gestión y la adquisición a través de Cenabast y los laboratorios. Con Achifarp buscábamos economía de escala. Realizamos un par de compras puntuales. No compramos más que eso, porque no quedamos satisfechos con los audífonos, ya que no cumplieron con los estándares de calidad que esperamos brindar a nuestros vecinos”.
El año pasado, la Contraloría emitió un informe respecto a la gestión de Achifarp y que generó que sus resultados fueran derivados al Ministerio Público para que iniciara la investigación penal por el mal manejo de los dineros públicos. La institución, dirigida por Jorge Bermúdez, detectó que al interior de la agrupación liderada por Jadue no se pudo acceder a los estados financieros, a las rendiciones anuales y tampoco documentación que verificara la situación financiera y patrimonial, entre otra serie de irregularidades.
A lo anterior se suma que la justicia decretó el 1 de julio de 2022 la liquidación forzosa de Achifarp, nombrando a un encargado de enajenar los bienes de la asociación y consigo pagar las deudas que mantiene con una serie de proveedores. Es en esa instancia que el liquidador asignado, José Rojas García, comenzó a demandar civilmente a los municipios que debían cuotas de incorporación y mensualidad.
En ese contexto, algunas comunas han respondido a la acción judicial desconociendo dicha deuda. Una de estas fue la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, la que aseguró en su contestación que la comuna implementó la propia farmacia comunal “sin contar con los servicios de asesoría u orientación que debieron ser prestados por la asociación ya señalada, como así tampoco ha prestado algún tipo de servicio para esta comuna desde su creación”.
En los mismos términos, comunas como Quillota, Copiapó, Vallenar y Carahue también han cuestionado el cobro de cuotas debido a faltas administrativas y a la carencia de entrega de servicios por parte de la agrupación liderada por Jadue, según da cuenta La Tercera.
Codina concluye que el actual escenario de la asociación se dio porque “lamentablemente nunca hubo una voluntad del presidente del directorio de transparentar la situación administrativa en Achifarp. En el año que exigí contratar una auditoría externa para saber qué estaba realmente pasando, hubo dilaciones y tuve que insistir por escrito. Consta en documentos. Finalmente, en sesión del 17 de diciembre de 2021 convencí al directorio de aprobar la auditoría, pero tampoco se cumplió ese acuerdo que equivale a una instrucción legal”, remató.
