El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud del Ministerio Público de fijar la medida cautelar de prisión preventiva para la suspendida militante de Revolución Democrática Paz Fuica Contreras, formalizada por tres delitos consumados de fraude al fisco en calidad de autor.
Esto es en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, donde ya cumplen prisión preventiva desde el 15 de diciembre el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade.
Fuica fue detenida en su domicilio por la Policía de Investigaciones pasadas las 17.00 horas del miércoles 10 de enero y en la madrugada jueza Fabiola Muñoz autorizó laincautación y extracción de información del teléfono celular de la imputada.
La formalización de la concejal de Antofagasta se había iniciado el jueves y el Juzgado de Garantía dispuso la suspensión de la audiencia para dar tiempo a la defensa de estudiar los antecedentes de la carpeta investigativa del caso. Fuica pasó la noche en la cárcel de mujeres de la ciudad nortina.
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Durante la primera parte de la audiencia, realizada el jueves, se formalizó a la imputada -detenida el miércoles por personal de la Policía de Investigaciones (PDI)- por tres delitos de fraude al fisco en calidad de autora.
Estos corresponden a los tres convenios suscritos entre la seremi del Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva en el año 2022 por $426 millones, en el marco del programa de Asentamientos Precarios (PAP).
FRAUDE AL FISCO
De acuerdo con los antecedentes expuestos ayer en la audiencia por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilera, a Fuica se le atribuye una participación directa en la selección de las fundaciones que serían favorecidas con recursos del programa PAP, entre ellas, de la Fundación Democracia Viva, liderada por Andrade, así como también Tomarte, Movimiento Fibra y ProCultura.
Esto, sin que las organizaciones cumplieran con los requisitos y experiencia para la realización de los trabajos.
Según lo relatado por el fiscal Aguilar, Fuica habría sido contactada por Andrade para concretar estos convenios en julio del 2022, ingresado posteriormente a trabajar a la seremi del Minvu como jefa de gabinete y mano derecha de Contreras, siendo además la encargada del programa PAP.
Todo esto, mientras Fuica estaba contratada por la Fundación para la Superación de la Pobreza, según indicó el fiscal.
«ARTIFICIO FRAGUADO EN EL TIEMPO»
«(Fuica), asiste, colabora de forma preponderante en las decisiones que toma Carlos Contreras en lo que dice relación con Democracia Viva. Hasta ella misma comunica en un correo que ha resulto con Contreras qué fundación debe ser asignada y resulta que la fundación estaba vinculada con ella, porque las personas que formaban parte eran sus amigos, sus conocidos, respecto de los cuales Andrade la había contactado en el mes de julio y la iba a retribuir, ofreciéndole unas lucas», relató el fiscal.
Agregó que esto fue un «artificio fraguado en el tiempo por una agrupación de personas destinadas a defraudar al fisco aprovechando la calidad que Contreras mantenía y su facultad otorgada por decreto por el ministro de Vivienda de poder en forma directa transferir estos fondos del PAP».
«Cómo no iba a favorecer a Andrade, si eran amigos, eran del mismo partido. Paz Fuica trabajó para la diputada Catalina Pérez como encargada territorial, vinculada a su trabajo como parlamentaria y también era amiga de Carlos Contreras. Y es tan así que resolvieron cómo traer y justificar su permanencia en el Serviu para que pudiera ejercer todas estas funciones y pagadas por otra fundación con platas fiscales sin hacer nada», detalló.
HABÍA DILIGENCIAS PENDIENTES
el fiscal Cristian Aguilera comentó luego de la audiencia que Fuica no fue formalizada junto a Contreras y Andrade porque «teníamos diligencias pendientes que dicen relación con un informe de la Bridec que se agregó a la investigación hace unos días, como también requerimientos de información que también se agregaron ahora en el corto plazo, los que permitieron, adicionalmente y sumado los antecendetes anteriores, realizar la solicitud de detención y posterior formalización».
El prefecto inspector Jorge Aguillón, en tanto, detalló que la PDI y el Ministerio Público han realizado un trabajo en forma permanente desde el año pasado por este caso.
«Hay un equipo especializado, a la vez con el apoyo de la región Metropolitana, donde en forma permanente y constante están dialogando con el fiscal con la finalidad de que no se escape ninguna situación. Todo lo que la brigada especializada y medios de prueba que pueda adquirir en la investigación permiten al Ministerio Público pedir la prisión preventiva o la detención al juzgado», declaró.
¿FUNCINARIA PÚBLICA O NO?
El abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, manifestó que «es evidente que dentro de todos los antecedentes que hay en la carpeta investigativa que Paz Fuica es autora de ese delito (fraude al fisco), al igual que en el caso de Daniel Andrade, en el artículo 15, N3, es decir, ella en su calidad de funcionaria pública, que es el cargo que efectivamente ejerce. Además hay una serie de menciones en la carpeta investigativa de las funciones que cumplía dentro de la Seremi», indicó.
Desde la defensa, la abogada representante de Paz Fuica, Karina Trujillo, cuestionó ese argumento diciendo que «si bien se reiteró en la audiencia que la Corte y el Juzgado de Garantía respecto de Contreras y Andrade había establecido fehacientemente la existencia del delito y participación, no podemos comparar la situación de ellos con la de nuestra representada».
Ello, agregó, «partiendo por la basa de que si prestó servicios, no es funcionaria pública, es decir, ella no percibió ingresos sin hacer nada, como lo expuso el Ministerio Público; ella trabajó y se le pagó un sueldo. Acá más bien la discusión dice relación con la forma de contratación».
