Por la noche del jueves fue aprobado el proyecto sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), aunque con una controversial indicación: el rol de la justicia militar.
La Comisión unida de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó la indicación que sostiene que los delitos cometidos por uniformados -ya sean militares o carabineros- serán tratados por la justicia militar cuando sucedan en contextos de estados de excepción o defensa de infraestructura crítica. – Chicureohoy.cl – Portal de noticias
Javier Macaya, senador y presidente de la UDI defendió la indicación incorporada.
Ante ello dijo a Cooperativa que «las mismas personas que han sido sometidas al tratamiento de tribunales ordinarios han manifestado que la poca especialización de ellos, muchas veces lleva a que se juzguen supuestos delitos cometidos por militares o carabineros desde la perspectiva del dolo, de la culpa, de la negligencia en el actuar, como si se tratara de situaciones comunes y corrientes, de delincuentes comunes».
En contraste, argumentó que la justicia militar «tiene una perspectiva de conocimiento, de especialidad en la mirada de los delitos que cometen militares, versus la que puede tener un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal, que es especializada».
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«No se trata de generar privilegios, sino que de generar especialización. Cuando a un carabinero o a una persona de las Fuerzas Armadas se le encomienda defender al Estado de Chile, y tener el monopolio del uso de la fuerza, de las armas (…), evidentemente hay una necesidad de tener una justicia especializada en el comportamiento de estas personas», insistió.
A juicio de Macaya, de seguir con el modelo actual, «es evidente que el resultado, más allá de la legislación que apliquemos, va a tener un problema de sesgo para esas personas».
A la vez, aseguró que si se despacha la norma tal como está, no significa que «vamos a volver a lógicas antiguas, de los 80 o de los 70, del gobierno de Pinochet; se trata de buscar la especialización adecuada para la persecución penal de personas que no son delincuentes comunes, donde tiene que haber una presunción de derecho que les ampare en el uso de la fuerza», porque el sistema ordinario «muchas veces los tiene de manos amarradas».
