El gobierno de Venezuela ha introducido en la Asamblea Nacional el “Proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, mandado por Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, presentó el documento que incluye cuatro capítulos y 30 artículos, con el fin de fomentar la convivencia pacífica, la paz pública, la democracia, la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo ante actos fascistas.
Hemos presentando ante la @Asamblea_Ven el Proyecto de Ley Contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, con un mandato muy especial del Pdte. @NicolasMaduro y conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna. Detener el fascismo en el mundo es una tarea… pic.twitter.com/82vfTjzEyV
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 3, 2024
No obstante, el propósito subyacente del chavismo parece ser la proscripción de la oposición y la censura en redes sociales.
Rodríguez rememoró las manifestaciones contra el gobierno de 2014 y 2017, atribuyendo a “sectores extremistas” la intención de un “bloqueo criminal” que resultaría en un “genocidio económico y social” en el país. Dichos “sectores extremistas”, que aluden a la oposición, son señalados por ignorar la institucionalidad y aspirar al poder político.
Prohibición de mensajes
El proyecto de ley propone medidas como la prohibición de mensajes que inciten a la violencia política y la formación de una comisión anti-fascismo y una red global para combatir esta ideología. También contempla sanciones penales y administrativas por incumplir la ley.
La propuesta es el resultado del trabajo de una comisión que Rodríguez anunció el 24 de marzo. El gobierno afirma haber neutralizado complots contra sus líderes y evitar la violencia política, acusaciones que la oposición niega, alegando que son tácticas de Maduro para mantenerse en el poder y restringir la competencia electoral. De hecho, se ha bloqueado la candidatura de opositores como María Corina Machado y su reemplazo, Corina Yoris.
Ley sería una herramienta para la represión
La oposición venezolana ha manifestado su profunda preocupación ante la propuesta de ley contra el fascismo, considerándola una herramienta para intensificar la represión, especialmente durante contextos electorales, y para criminalizar la disidencia política.
Las principales críticas se centran en:
Prohibición de partidos y organizaciones: La ley contempla la restricción de la formación de partidos políticos y organizaciones sociales que se consideren promotoras del «odio y la intolerancia». La oposición interpreta esto como un mecanismo para silenciar voces críticas y limitar la competencia electoral.
Restricción a la libertad de expresión: Se teme que la ley pueda ser utilizada para coartar la libertad de expresión y asociación, criminalizando la protesta social y la crítica al gobierno.
Persecución política: La oposición denuncia que el proyecto de ley busca legitimar la persecución de líderes opositores y movimientos sociales, utilizando el pretexto de combatir el fascismo.
Debilitamiento de la democracia: Se advierte que la ley podría socavar las bases de la democracia venezolana, fortaleciendo el control del gobierno sobre las instituciones y limitando la participación ciudadana.
La oposición rechaza las acusaciones del gobierno sobre conspiraciones y violencia política, considerándolas como estrategias para mantenerse en el poder y deslegitimar a las voces disidentes
Argumentan que la verdadera amenaza para la democracia venezolana reside en la falta de libertad, la violación de derechos humanos y la ausencia de elecciones libres y transparentes.
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