En el marco de una nueva sesión de la Comisión Investigadora del siniestro, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y las alcaldesa de Viña del Mar y de Quilpué, Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, entregaron su rendición de cuentas a más de cuatro meses del megaincendio del 2 y 3 febrero.
Las jefas comunales dieron cuenta a la Cámara de los trabajos realizados en materia de prevención: cortafuegos, retiro de basurales y notificaciones a propietarios de predios privados para que realizaran el tratamiento preventivo de sus terrenos.
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, sin embargo, las autoridades locales también aprovecharon la comisión para formular duros reproches a la gestión del Gobierno y sus instituciones en la respuesta a la emergencia.
RIPAMONTI SE LANZA CONTRA CONAF
Consultada respecto a las supuestas falencias en su plan de emergencia comunal, la alcaldesa Macarena Ripamonti defendió que este se encuentra «vigente» y cuenta con el visado de Senapred.
Respecto a por qué su municipio no ha definido un plan con vías de evacuación contra incendios, sostuvo que, de acuerdo al Plan Nacional por variable de Incendios Forestales de Senapred, «las vías de evacuación no pueden ser definidas con anterioridad».
Finalmente, la jefa comunal fustigó a Conaf por no alertar a los demás estamentos de la proyección del fuego.
«Conaf tiene un visor digital que calcula la prognosis del fuego. Yo me pregunto, si tuvimos cuatro horas para ser avisados (…) ¿por qué no se nos informó? Nada de ello ocurrió, sin embargo, estamos discutiendo sobre un plan comunal», lamentó.
«SIN PLANIFICACIÓN»
Ripamonti cuestionó que el proceso de reconstrucción del Ejecutivo se realizó «sin planificación», ofreciendo a las personas «un bono de acogida de 370 mil pesos o una vivienda de emergencia». Enfatizó que «en 24 metros cuadrados las personas no pueden vivir por cinco años».
La alcaldesa dio cuenta del trabajo realizado con el estudio de arquitectura Elemental, el cual desarrolló un modelo de reconstrucción de viviendas modulares, construcciones con una superficie inicial de 37 metros cuadrados por hogar, y que luego, mediante un subsidio, podrían ampliarse a 60 m2, con un coste total de entre 710 y 1.340 UF.
Tras un análisis de rentabilidad, aseguró Ripamonti que construir UHP «salía del orden de seis veces más barato» que instalar viviendas de emergencia y luego financiar otra solución definitiva, la vía que definió el Ejecutivo.
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La alcaldesa Melipillán, por su parte, coincidió en que «es importante cuestionarse si es que la vivienda de emergencia es la respuesta más eficiente para los vecinos y vecinas».
Sin embargo, la autoridad quilpueína fue más allá y criticó al Gobierno por designar a Senapred a la cabeza de las viviendas de emergencia: «Senapred es una institución que tiene pocos funcionarios y que es poco robusta. Por lo tanto, encargarle una tarea de esta magnitud creo que no fue una decisión adecuada».
La reconstrucción, cree Melipillán, debería «ser parte de algún departamento del Ministerio de Vivienda, que pudiera planificar y anticiparse, porque en Chille vivimos desastres y pareciera que cada vez que hay una emergencia, se inventa la rueda».
El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien directamente calificó las viviendas de emergencia como «una vergüenza». «Las ayudas no llegaron, las ayudas fueron tardías, el proceso de reconstrucción fue inconcluso. (…) Creo que las casas que hoy se han entregado a la gente son una vergüenza. Disculpe que lo digan en estos términos, pero son una vergüenza», insistió la autoridad regional.
Valoró como «muy mala» la coordinación entre las autoridades locales y centrales, dando cuenta de que actividades del Ejecutivo chocaban entre sí en los primeros días de emergencia.
«Nos pasaba, de repente, que el Comité de Ayudas Tempranas, liderado por Monsalve, estaba en Quilpué a las 10 de la mañana, y el Comité de Reconstrucción estaba a la misma hora, del mismo día, hablando del Plan de Reconstrucción», ejemplificó Mundaca.
Por parte de Villa Alemana, la alcaldesa (s) Gloria Solís solicitó más recursos y atribuciones a los municipios ante desastres, para así evitar que estas se transformen en una «pasarela de autoridades».
