Acortar los plazos de implementación de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar Educativo es uno de los acuerdos de la reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directiva del Colegio de Profesores que se desarrolló luego del paro nacional docente de ayer.
El presidente del gremio, Mario Aguilar, explicó que con esto el secretario de Estado “comprometió una de las preocupaciones centrales” del gremio.
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Inicialmente estaba programada la entrada en vigencia de la implementación de la ley para un año después de su publicación. “Estuvimos de acuerdo en acortar esos plazos y llevarlos al mínimo posible”, afirmó el dirigente, para quien la situación es urgente.
Agregó que “como es una ley que toca dos leyes distintas, puede ser que haya algunos casos que requieran tiempo para el reglamento, pero ese tiene que ser el menos posible”.
AGOBIO LABORAL
Además de la Ley de Convivencia Escolar, otro tema que se trató en la reunión fue el agobio laboral docente, que “es un tema que está pendiente de resolver”, recalcó Aguilar.
A su juicio, “el sistema está funcionando muy mal”, lo que genera estrés y sobrecarga de trabajo.
Por lo mismo, también se planteó la necesidad de modificar aspectos fundamentales de la carrera docente para aliviar esta presión.
Asimismo, se discutió sobre la deuda histórica y la situación de las educadoras diferenciales y profesores a contrata.
Al respecto Aguilar dijo que se acordó una reunión posterior a la Asamblea Nacional del gremio, programada para el 22 y 23 de agosto, para tratar estos asuntos.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, valoró positivamente el encuentro, calificándolo como “una muy buena reunión”.
“Entendemos la preocupación sobre el periodo previo entre que se aprueba la ley y entra en vigencia”, afirmó.
Reiteró el compromiso del ministerio de colaborar con los docentes en la implementación de soluciones efectivas.
