El ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió a Miguel Crispi luego que la comisión investigadora por el Caso Convenios acudiera a Contraloría para sancionar la ausencia del jefe de Asesores de La Moneda en la reunión de la instancia a la que había sido citado.
Según el secretario de Estado, Crispi «no califica como funcionario público» y la acción de los diputados y diputadas traerá consecuencias para los fututos gabinetes.
«Es una discusión jurídica de dos órdenes. Hay una jurisprudencia muy antigua de Contraloría que no los califica como funcionarios públicos, pero que le ha ido imponiendo progresivamente obligaciones públicas a los honorarios», explicó.
Por lo mismo, Cordero cuestionó la acción de acudir a Contraloría y aludió a que la medida iría en contra del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
«Una reflexión un poco más profunda tiene que ver con el estatuto que tienen los asesores presidenciales. No sé si este mismo ejercicio lo hubiésemos hecho con administraciones anteriores del mismo modo», cuestionó en conversación con radio ADN.
«Los buenos casos hacen mal derecho y fijar un precedente en este caso, con indiferencia si es Miguel Crispi o no, tiene una consecuencia para los futuros gabinetes», recalcó.
