En marzo de este año, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, alertó sobre la preocupante sobrepoblación en las cárceles del país. A fines de ese mes, Gendarmería publicó su informe mensual sobre la población penal bajo su custodia, revelando que 47,334 personas estaban encarceladas. El Ministro advirtió que esta cifra podría superar los 50,000 para 2024, informó La Tercera.
Más de seis meses han transcurrido desde esa proyección, y todavía quedan más de dos para que concluya el 2023; sin embargo, la cifra se ha superado significativamente. Según el último informe de Gendarmería, actualizado al 12 de octubre de 2023, la población carcelaria en el país alcanzó las 54,678 personas, según lo anunció el propio Ministro de Justicia.
El Ministro Cordero explicó que este aumento se debe principalmente al incremento del uso de la prisión preventiva, que ha aumentado debido a delitos más violentos, cambios en la legislación y la disposición de los jueces a imponer esta medida.
“Las cifras han aumentado muchísimo. En los últimos 16 meses nosotros aumentamos el número de personas privadas de libertad de 41 mil, aproximadamente y al día de ayer teníamos 54 mil personas privadas de libertad, ese es el número que el país tenía estimado para el próximo año”, señaló Cordero en entrevista con Radio Universo.
Cordero alerta sobre la preocupante sobrepoblación en las cárceles
Actualmente, la población penal supera la capacidad de las cárceles, lo que ha llevado a situaciones de sobrepoblación y hacinamiento en algunos centros. Ante esta situación, el gobierno asegura que está buscando aumentar la capacidad del sistema penitenciario mediante ampliaciones en lugares con infraestructura adecuada, como Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Puerto Montt y Rancagua.
El Ministro Cordero descartó la construcción de megacárceles y se centra en la creación de recintos de máxima seguridad. Argumentó que las cárceles grandes pueden generar problemas, como dificultades en las condiciones de habitabilidad, violaciones de derechos humanos y un aumento en el reclutamiento de bandas en el interior de las cárceles.
El gobierno asegura que su estrategia incluye mantener centros penales adicionales para garantizar una segregación efectiva y «evitar el contagio criminógeno», así como proteger a quienes trabajan en el sistema penitenciario y fomentar la reinserción de los reclusos.
