Para el ministro de Justicia, Luis Cordero, existe un vínculo entre la corrupción y el crimen organizado.
«En el conjunto de rubros que tiene asociado -no nos quedemos simplemente con drogas o trata de personas-, prolifera en aquellos países donde además tiene condiciones auspiciosas en materia de corrupción», dijo en Cooperativa.
Por eso, agregó, amerita «ser tan severo en castigar las conductas que corroen al sistema institucional, y se tiene que ser especialmente severo porque no basta simplemente con que usted cometa delitos para corroer la confianza en las instituciones».
«La confianza en las instituciones también se corroe cuando hay malas prácticas, cuando hay conflictos de interés mal resueltos, aunque esos no puedan ser constitutivos de delito. Y por eso, la severidad con la cual se actúa en estos casos es una señal muy categórica y relevante para efectos de inhibir comportamientos indebidos por parte de los operadores públicos y del sistema de justicia en el futuro», destacó.
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El secretario de Estado fue consultado sobre los hechos que rodean la dictación de presión preventiva en contra del influyente abogado penalista Luis Hermosilla.
Al respecto expresó que «el tránsito es muy amargo, porque implica revelar cómo funciona un determinado tipo de comunicaciones, y amistades manifiestas que están asociadas a roles institucionales que tienen que mantener independencia y objetividad».
Sin embargo, añadió, «ese tránsito amargo, en buena parte, lo tenemos que atravesar para la sanidad del sistema institucional y las reacciones tienen que ser ejemplares».
VÍNCULOS CON EL PODER JUDICIAL
Consultado por los reportajes que revelaron conversaciones entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra y el actual ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, Cordero sostuvo que se trata de «comunicaciones que van más allá, en un caso, del rol que le correspondía como fiscal regional, y en el otro, una gestión indebida de la profesión legal».
«Aún cuando en esas comunicaciones pudiera no existir delito -cosa que está indagando el Ministerio Público-, la simple existencia de ellas, en relación con las posiciones que se encuentran y las ofertas que formulan, afectan severamente al sistema de justicia», insistió el ministro.
El titular de Justicia aseveró que «el sistema político no puede ser indiferente frente a esto».
A su juicio, «eso significa revisar las propias prácticas: no simplemente apuntar, sino que también revisar las prácticas que se desarrollan al interior del sistema institucional».
Esto, «porque, uno son los delitos, pero lo otro son cómo se gestionan los conflictos de interés, que suelen provocar una lesión muy severa al sistema democrático, no porque existan, sino que porque se gestionan inadecuadamente».
LA DESCONFIANZA
El ministro Luis Cordero comentó que «Chile tiene uno de los niveles de desconfianza institucional más serios en la región».
Esto se refleja en los resultados de la encuesta Tú Influyes, donde el 83% cree que en Chile no hay igualdad ante la ley.
«Es una percepción de desigualdad ante la ley que es bien estructural. Entonces, en un contexto de esas características el Caso Audios, y particularmente la posición que ocupa un abogado en el funcionamiento del sistema de justicia, tanto hacia jueces como hacia fiscales, lo que termina por reafirmar es la justificación de esa desconfianza».
Lo anterior «es serio porque en el sistema de justicia, en particular, descansamos en la idea de que hay terceros independientes que tienen la capacidad de resolver controversias sin que las personas lo hagan por sí mismas».
«Entonces cuando usted tiene baja confianza institucional, los incentivos a la autotutela -es decir, a resolver los conflictos con propia mano- son extremadamente altos, y eso no solamente se traduce en la violencia física, sino que también verbal o por otros tipos de medios», advirtió.
CRISIS PENITENCIARIA
En entrevista por Teletrece Radio el ministro Cordero se refirió también a otros temas y planteó que «he sido bien categórico de decir que Chile está al borde de una crisis del sistema penitenciario».
«Los números que se manejan actualmente de la población penitenciaria corresponden a proyecciones que el Gobierno fijaba para 2026. No hay un crecimiento y una velocidad de ese crecimiento en la historia penitenciaria chilena como la que hemos tenido en este tiempo», añadió.
A su juicio, la construcción de un centro penitenciario no bastaría para resolver el tema, en relación a la polémica cárcel que se ubicaría en la comuna de Santiago.
«Chile tiene tres alternativas para abordar esto: no manda más gente a la cárcel lo cual es imposible. Dos: aborda esto como las crisis penitenciarias anteriores en Chile y otras partes del mundo que es indulto general, y comprenderá que en la situación actual es imposible. Y lo tercero, es que construyamos los metros cuadrados y las plazas en muy poco tiempo», planteó.
