El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó renunciar al cargo luego de conocerse el duro informe de Contraloría sobre la auditoría a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones, realizada a partir de caso de la fundación Democracia Viva en Antofagasta y el Caso Convenios.
“Respecto a la responsabilidad política eso quedó establecido y la administrativa quedó establecida. Y si voy a renunciar, no voy a renunciar. Voy a seguir trabajando en las tareas en las que estoy. Y en segundo lugar, eso depende del Presidente de la República (Gabriel Boric). Es él quien decide”, manifestó.
El secretario de Estado también descartó pedirle la renuncia a alguno de los seremis de las secretarías donde se llevaron a cabo las auditorías, diciendo “cómo les voy a pedir la renuncia, si no tengo fundamentos. La vez que hubo fundamentos, cuando apareció el caso Democracia Viva, ese día se le pidió la renuncia al seremi de Antofagasta”.
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“A mí como ministro me corresponde la orientación política del Programa de Asentamientos Precarios y en general del ministerio. Pero yo hoy día pensando hacia atrás, había un modo, un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía, lo que podríamos haber hecho es revisarlo y replantearlo, pero no tuvimos la conciencia», reflexionó.
Agregó que «nosotros deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo de un modelo que tiene que ver con todas las actividades del país en relación a las transferencias a privados. Nosotros no captamos en ese momentos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción, y también de hechos de ineficacia y de burocracia que no lleva a ser todo lo preciso y correcto que hay que ser”.
Montes detalló que “hasta ahora hay antecedentes serios que evidencian hechos de corrupción, en Antofagasta con el caso de Democracia Viva, en O’Higgins con el caso de Arquiduc, también con Red Integral Comunitaria y ayer también apareció un caso en Valparaíso que desconocemos todo su alcance, que tiene que ver con un hecho producido a fines del gobierno anterior”.
“Estos hechos, los indicios de corrupción, quien puede calificarlos y decir qué delitos son es el Ministerio Público, nosotros hemos entregado todo al Ministerio Público. Nosotros creemos que la base de esto está en que no se cumplió el deber de abstención y el posible conflicto de interés en algunos casos. Hay fundaciones que separaron los proyectos para no someterse al control de Contraloría y otros casos que pueden ser delito y que tienen indicios de corrupción”, insistió.
