Luego de la polémica desatada porque el Presidente de la República, Gabriel Boric, indultó a Luis Castillo -catalogado por Gendarmería como un «reo peligroso»-, quien actualmente se encuentra formalizado por secuestro extorsivo y robo con retención de personas; el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve se refirió al tema. Puntualmente, a las pensiones de gracia.
En conversación con Radio ADN, Monsalve estableción que las pensiones de gracia, son «algo que genera mucha polémica». En el caso de los indultos de Boric, fueron otorgadas «en el marco de una glosa, que está en la Ley de Presupuesto que establece las condiciones para entregarla».
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Específicamente la condición para el indulto, así como para las pensiones es que «tengan un informe del INDH y que ese informe sea hecho llegar al ministerio del Interior».
«Nunca en la historia del país se ha solicitado los antecedentes penales de esas personas», constató el ministro (s) del Interior.
Luego agregó que incluso «le ocurrió al presidente Piñera, que entregó 14 o 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales». Además, «nos ocurrió a nosotros, que seguimos rigurosamente el reglamento que establecía el mecanismo de entrega de estas pensiones y que no establecía, ni la ley, ni el reglamento, tener a la vista los antecedentes de estas personas», explicó.
MOCIONES AL PARLAMENTO
No obstante lo anterior, Manuel Monsalve opina: «Si cumplir estas normas es suficiente para lo que el país espera, tendría que decir que no». En esa línea, anunció que la primera semana de enero presentarán dos mociones parlamentarias que se tramitarán en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados:
- *Una que dé obligación a que las autoridades cuenten con los antecedentes penales de las personas, previo a decidir si son indultadas y que con ello se les entregue pensiones de gracia.
- *Otra que entregue la facultad legal de revocar la pensión de gracia.
«Nunca en Chile se ha revocado la pensión de gracia», acotó Manuel Monsalve. Si bien, se entiende la revocación como derecho adquirido, «queremos entregar certeza jurídica. Muestra la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido», finalizó el ministro (s) del Interior.
