La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), que desde el inicio se posicionó como una dura crítica a la reforma previsional del Gobierno, destinó más de $16 mil millones a campañas comunicacionales y asesorías entre 2019 y 2024, la mayoría vinculadas a la normativa que comenzó a regir en marzo de 2025.
Ese gasto representa cerca del 40% de la meta de la próxima Teletón.
Tras años sin transparentar sus cuentas, Informe Especial accedió por primera vez al detalle financiero del gremio, especialmente de los pagos ligados a campañas como #Yoquieroelegir, difundida masivamente en rechazo al proyecto del Ejecutivo.
REPORTAJE
Un reportaje reciente de Reportea había revelado que la Asociación —que incluye a casi todas las AFP salvo UNO— destinó más de $200 millones solo en publicidad en Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), mediante una fundación que impulsaba mensajes a favor del modelo actual.
Pero el monto total es mucho mayor.
Solo la “campaña extraordinaria” de la AAFP sumó $8.832 millones en seis años, sin incluir otras campañas “regulares” por $773 millones. En estos ítems figuran piezas como “#Yoquieroelegir”, “Mitos” y otras enfocadas en frenar cambios al sistema previsional.
INVERSIÓN
Con el negocio en riesgo, la inversión creció aún más: en 2024 gastaron $3.331 millones en “campaña extraordinaria”, y en 2022 —año del primer proceso constitucional— desembolsaron $3.088 millones.
A comienzos de ese mismo 2022, la Convención Constitucional aprobó una norma impulsada por “No+AFP”, lo que encendió las alertas en la industria y detonó una contraofensiva en múltiples frentes.
A esto se sumaron campañas digitales y contenido para redes sociales, que entre 2019 y 2024 costaron cerca de $1.700 millones. Según Informe Especial, también se destinaron más de $3.800 millones a “asesorías estratégicas”, enfocadas en temas como “reforma previsional”, “reforma terreno” y “nuevo proceso constituyente”.
ENCUESTAS
Las encuestas también fueron clave. Entre diciembre de 2019 y junio de 2022, la Asociación encargó 16 estudios a Cadem y Criteria, que arrojaron que la mayoría de los cotizantes prefería que la cotización adicional fuera a cuentas individuales. Ambas empresas recibieron $567 millones por este trabajo.
Otro nombre que aparece en los registros es Libertad y Desarrollo (LyD), que entre 2022 y 2024 obtuvo algo más de $60 millones del gremio. El Consejo de Políticas Públicas de LyD incluye a Jorge Selume Zaror, padre de Jorge Selume Aguirre, exjefe de la Secom en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Este último, a través de su agencia Artool, impulsó las campañas reveladas el 9 de noviembre.
Incluso Luis Larraín Arroyo, presidente del Consejo Asesor de LyD, fue uno de los más activos en redes defendiendo a los protagonistas de la controversia.
EJE CIUDADANO E INFLUENCERS
Los registros tributarios muestran que la Asociación también financió medios digitales y locales mediante artículos pagados y publirreportajes favorables a la industria.
Bajo el rótulo “Eje ciudadano” —que incluía presencia en medios regionales, redes, audiovideos y eventos— gastaron más de $80 millones entre 2019 y 2024.
En 2024 también figuran pagos menores, como un “Desayuno AAFP” por $746 mil, realizado en diciembre de 2023, al que asistieron diversos “finfluencers”. La presidenta del gremio, Paulina Yazigi, encabezó la actividad con parte de su directiva.
Entre los invitados estuvieron Francisco Ackermann, Franco Martini, Bastián Parra, Santiago Allamand, Romina Capetillo, Lucas Galán, Robinson Torres, Nancy Loyola (Tu Paz Financiera), Johan Morán (@contadorven.cl), Lucrecia Salim, Gabriela Mellado, Héctor Herrera, César Núñez y el medio Chócale.
En total, entre 2019 y 2024, la Asociación registró gastos por $33.215 millones, de los cuales el 49% —$16.235 millones— correspondió a difusión y asesorías. En años claves, ese porcentaje fue aún mayor: 61% en 2022 y 58% en 2024.
SEMINARIOS, ESTUDIOS Y PAGOS A INSTITUCIONES EXTRANJERAS
Fuera de la estrategia comunicacional, los balances muestran gastos por $251 millones en seminarios y $761 millones en estudios sobre opinión pública, informalidad y otros temas.
Además, figuran pagos a organismos internacionales:
International Centre for Pension Management (ICPM): $213 millones.
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP): $158 millones.
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS): $8,4 millones.
También hay desembolsos a ProCalidad, organismo encargado de medir satisfacción de clientes. Paradójicamente, la AFP UNO —que no integra el gremio— ha ganado ese índice durante cuatro años consecutivos.
Consultada por Informe Especial, la Asociación de AFP no entregó declaraciones.
LyD sostuvo que sus investigaciones no fueron encargadas por el gremio, sino que corresponden al acceso que entrega su suscripción: “Los contenidos de nuestras publicaciones son definidos por la institución…”, afirmaron.
Cadem declinó referirse al tema. Criteria, en cambio, defendió su trabajo: señaló que realiza estudios para múltiples gremios y empresas, y que los informes encargados por la AAFP fueron publicados identificando al mandante y su metodología.
GREMIO BAJO ESCRUTINIO
En plena discusión de la reforma previsional, los gastos de la Asociación despertaron inquietud entre parlamentarios. Si bien los fondos del gremio provienen de las comisiones que cobran las AFP —y no de las cotizaciones de los afiliados—, para varios críticos resulta preocupante que se use ese dinero para influir en contra de reformas destinadas a mejorar las pensiones.
La AAFP mantuvo durante años un fuerte hermetismo. Pese a que la normativa obliga a reportar los estados financieros semestralmente al Ministerio de Economía, la entidad no cumplía con esto desde 2019. Por ello, la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) inició una fiscalización.
El proceso comenzó tras un oficio de parlamentarios oficialistas que cuestionaban si campañas como #Yoquieroelegir constituían “actividades políticas”, lo cual está prohibido para asociaciones gremiales.
Las primeras gestiones del ministerio se hicieron en octubre de 2024. La respuesta inicial del gremio fue enviar solo los balances de las AFP socias. Sin embargo, documentos de Plan Vital ya mostraban indicios: alrededor de $5.400 millones gastados en propaganda en menos de cuatro años. Esa cifra resultó muy inferior a la real.
BALANCES
En junio, Economía informó a la Cámara de Diputados que había solicitado los balances 2019-2024. También indicó que en la última década la AAFP no ha recibido sanciones. Según la DAES, no hubo incumplimiento, porque las asociaciones solo deben elaborar balances y remitirlos cuando la división los solicite.
Al respecto, señalaron: “No amerita sancionar a la asociación, ya que han dado cumplimiento…”. También descartaron que deban reportar los montos de publicidad a otras instituciones, explicando que su rol es revisar si el gasto entra en el giro del gremio, no evaluar su pertinencia.
Mientras tanto, tras las revelaciones del 9 de noviembre, la Superintendencia de Pensiones ofició a todas las AFP para detallar eventuales acciones de publicidad indirecta mediante terceros. El plazo para responder vence este lunes 17 de noviembre.
Con los balances obtenidos vía Transparencia, Informe Especial constató que el nivel de gasto de la AAFP fue considerablemente más alto de lo que inicialmente se pensaba.
