La Fiscalía Regional del Bío Bío abrió un sumario administrativo contra el fiscal Mauricio Richards, luego de que modificara la acusación contra una red de contrabando de cigarrillos, eliminando delitos clave y facilitando salidas alternativas para los imputados. La medida se adoptó tras una denuncia del Juzgado de Garantía de Talcahuano al Ministerio Público, por considerar que los cambios comprometían la efectividad de la investigación.
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El caso se remonta a 2018, cuando el Servicio Nacional de Aduanas denunció un millonario contrabando en la región del Bío Bío. Dos años después, la Fiscalía formalizó a 12 personas por asociación ilícita, receptación aduanera, comercio clandestino y lavado de activos. Entre los imputados figuraba Eduardo Gárate Mora, sindicado como líder de la red. Durante la investigación se incautaron cerca de 7 mil cajetillas de cigarrillos, además de bienes avaluados en varios miles de millones de pesos.
REBAJA DE CARGOS Y SALIDAS ALTERNATIVAS
En mayo de 2024, el fiscal Richards reformalizó el caso eliminando hechos y delitos, lo que permitió ofrecer salidas alternativas a los imputados. Uno de ellos, Claudio Vivanco, fue sobreseído tras pagar 5 millones de pesos, descontados de los casi mil millones decomisados. El Servicio de Aduanas no se opuso a la medida, que fue aprobada por la jueza Humilde Silva.
Sin embargo, la jueza Antonia Godoy cuestionó lo ocurrido e informó a la fiscal regional Marcela Cartagena, quien ordenó el sumario contra Richards y ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyos representantes no asistieron a la audiencia.
CONTROVERSIA JUDICIAL Y POSTURA DE DEFENSAS
Desde el equipo defensor, el abogado Felipe Yáñez defendió la legalidad de las acciones del fiscal Richards y denunció presiones indebidas para revertir acuerdos válidamente alcanzados. Otro defensor, Juan Carlos Muñoz, recordó que la Corte Suprema ratificó la validez de las resoluciones judiciales adoptadas en este caso.
La Fiscalía Regional confirmó que el sumario continúa en curso. El SII en Concepción no emitió comentarios, derivando las consultas a su oficina central en Santiago.