Como ocurre cada verano, las denuncias por dificultades de acceso a playas vuelven a multiplicarse a lo largo del país. Durante 2025, el Ministerio de Bienes Nacionales recibió 497 denuncias por bloqueos o cobros indebidos para ingresar a playas, ríos y lagos, una cifra menor a la de 2024 —cuando se superaron las 700— pero que confirma que el problema persiste.
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La normativa es clara: en Chile no existen playas privadas. Así lo establece el Código Civil desde el siglo XIX, al definirlas como bienes nacionales de uso público. Sin embargo, en la práctica, numerosos accesos permanecen restringidos por portones, controles, barreras físicas o cobros asociados a estacionamientos que dificultan o impiden el ingreso real.
COBROS Y BARRERAS QUE LIMITAN EL ACCESO REAL
Uno de los casos más reiterados es el de Playa Blanca, en la región de Coquimbo, que lidera las denuncias a nivel nacional con cerca de 60 reportes durante 2025. Allí, el único acceso disponible obliga a las personas a caminar hasta cuatro kilómetros para llegar al mar, mientras que quienes desean acercarse en vehículo deben pagar montos que alcanzan los $30.000 diarios en fines de semana y festivos.
Una situación similar se vive en Las Cruces, comuna de Paredones, región de O’Higgins, donde pescadores artesanales denuncian que los portones permanecen cerrados incluso cuando cuentan con resoluciones de la autoridad marítima que autorizan su ingreso para actividades laborales. “Nos están coartando nuestra libertad de trabajo. Vivimos de la pesca y nos están dejando fuera”, relatan trabajadores del sector.
PROYECTO DE LEY BUSCA FORTALECER LA FISCALIZACIÓN
Desde Bienes Nacionales explican que muchas de las denuncias corresponden a accesos públicos ya fijados por la autoridad que igualmente permanecen bloqueados o intervenidos. Actualmente, los juzgados de policía local solo pueden aplicar multas, sanción que en muchos casos no resulta disuasiva.
Por ello, el pasado 17 de diciembre la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Bienes Nacionales, que busca fortalecer la normativa y permitir que los tribunales puedan ordenar la reapertura de accesos con auxilio de la fuerza pública cuando estos sean cerrados ilegalmente.
MÁS ACCESOS FIJADOS, PERO DENUNCIAS PERSISTEN
Según datos oficiales, hoy existen 80 accesos públicos fijados a playas en el país, 25 de ellos establecidos durante los últimos cuatro años, y otros 63 en proceso de tramitación. “Con voluntad política, el próximo gobierno podría convertirse en el que más accesos públicos garantice en la historia reciente”, señalan desde la cartera.
Las regiones con mayor cantidad de denuncias son Coquimbo, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.
Mientras se tramitan los cambios legales, la única vía para enfrentar estas situaciones sigue siendo la denuncia ciudadana. El Ministerio de Bienes Nacionales mantiene habilitado su portal web para reportar irregularidades, lo que permite activar fiscalizaciones en terreno.
Aunque en teoría las playas pertenecen a todas y todos, los testimonios recogidos a lo largo del país revelan una realidad distinta: el acceso al borde costero sigue siendo un privilegio en algunos territorios, en un país con más de 4.000 kilómetros de costa.
