Acogen a trámite contra profesores del Instituto Nacional, por encubrimiento en desórdenes estudiantiles. La acción penal de la Municipalidad de Santiago, busca se investigue además, la administración Hassler.
La acción judicial se remonta a hechos ocurridos en agosto de 2024. Incluye la participación de dos funcionarios del establecimiento, cuyas actuaciones serán examinadas por el Ministerio Público. Se busca determinar su eventual responsabilidad penal.
Se inician los trámites
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella presentada por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Santiago. La acción busca esclarecer no solo el ingreso y acopio de materiales incendiarios al interior del Instituto Nacional durante 2024, sino también determinar si la administración anterior del establecimiento incurrió en actos de encubrimiento al no denunciar oportunamente estos hechos al sostenedor municipal.
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La querella fue interpuesta tras conocerse antecedentes sobre el ingreso clandestino de elementos asociados a la elaboración de artefactos incendiarios. Los materiales que fueron detectados por la escolta presidencial en dependencias subterráneas conectadas al liceo. Se alistaban por la visita del Presidente de la República en agosto de 2024.
Profesores presuntamente involucrados
La acción judicial detalla además la eventual participación de dos docentes del establecimiento. Se trata de la profesora de Filosofía, Fernanda Luna González Ahumada. También involucra al profesor de Educación Física, Michel Andrés Jiménez Toro.
Los vehículos de ambos habrían sido utilizados para ingresar bolsas vinculadas a la fabricación de artefactos incendiarios. Existe un sumario administrativo vigente y forma parte central de las diligencias solicitadas al Ministerio Público.
Estaría en riesgo la seguridad de la comunidad educativa
El municipio sostiene que la gravedad de lo ocurrido compromete directamente la seguridad de estudiantes y funcionarios, Ello, además de involucrar bienes públicos bajo su administración.
Con la admisión a trámite resuelta por el Séptimo Juzgado de Garantía, los antecedentes serán derivados al Ministerio Público. Este, deberá iniciar las diligencias. estas permitirán determinar eventuales responsabilidades y esclarecer si existió participación directa, facilitación o encubrimiento por parte de quienes tenían la obligación legal de denunciar.
