El informe del primer Consolidado de Resultados de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que reúne las observaciones detectadas entre enero de 2023 y julio de 2025 en áreas prioritarias vinculadas a seguridad, detectó una serie de falencias en el sistema de control de las instituciones de seguridad y orden público.
«En total, incluye 62 auditorías, de las cuales 22 son reservadas por contener información sensible», precisó el órgno fiscalizador.
Como resultado, se instruyeron tres procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y se remitieron nueve informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.
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INHIBIDORES Y VISITAS
En materia de seguridad pública, Contraloría detectó que en recintos penitenciarios mil 279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición y mil 539 personas ingresaron a un penal pese a contar con restricción de acceso.
Además, 479 personas identificadas como abogados privados no pudieron acreditar su profesión.
Asimismo, detectó que solo el 12,7% de las cárceles cuentan con sistema de inhibición de señal, los cuales presentan múltiples técnicas.
«De hecho, la mayoría de los recintos penitenciarios cuenta con inhibidores para señal 2G, en circunstancias que -actualmente- la mayoría de los equipos móviles funcionan con tecnología 4G o 5G», complementó Contraloría.
También se estableció que pese a la inhibición, se permite la conexión Wifi, por lo que el sistema resulta obsoleto e ineficiente.
«En otro punto, se detectó que 70 de 79 establecimientos del sistema cerrado no planificaron allanamientos ordinarios en 2024», agregó la CGR.
FRONTERAS Y ORDEN PÚBLICO
En materia de control de fronteras, se detectó que funcionarios desplegados en zonas limítrofes carecían de exámenes médicos y certificaciones requeridas para el cargo.
Asimismo, no se realizaron visitas a hitos ni patrullajes de soberanía.
En la categoría de orden público y vehicular, el informe de Contraloría registró que 25 vehículos policiales tenían cámaras inoperativas y que hubo casos de funcionarios que no contaban con examen psicológico o certificación para el uso de armamento menos letal.
«En fiscalizaciones vehiculares, 626 vehículos encargados por robo no fueron recuperados, y 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante controles.
Además, «en 145 mil 715 procedimientos de tránsito no se verificaron placas en el sistema unificado, y 869 infracciones que implicaban retiro de vehículos no se concretaron», apuntó el organismo fiscalizador.
En control de armas y municiones, identificó armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en incautaciones y falta de trazabilidad en sistemas de PDI y Gendarmería.
DROGAS Y ASIGNACIÓN DE ARMAMENTO
También observó que la Armada no cuenta con un sistema informático para registrar la asignación y devolución de armamento.
«En la Dirección General de Movilización Nacional, se detectaron personas con condenas vigentes que mantenían armas registradas, adquisición de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin evidencia de transferencia», alertó.
Respecto de incautaciones y destrucción de drogas, las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia, con demoras de hasta 288 días.
Se observaron diferencias de peso entre lo informado y lo registrado, con variaciones de hasta 32 kilos.
Del mismo modo, las salas de custodia policial se usan como bodegas sin protocolos, y los recintos de salud presentan deficiencias en seguridad y control.
«Además, hubo retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, incumpliendo el plazo legal de 15 días. En nueve entidades se encontraron medicamentos controlados vencidos y discrepancias en inventarios», subrayó el informe de Contraloría.
