Los alcaldes de Mulchén, José Miguel Muñoz (Partido Republicano), y de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), instaron al Senado a que las futuras indicaciones a la Ley de Seguridad Municipal se enfoquen en entregar mayores atribuciones y financiamiento a los municipios.
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Esto ocurre luego de que el Congreso aprobara la idea de legislar sobre la propuesta, cuyo objetivo es «Fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito». El plazo para presentar indicaciones vence el próximo 17 de julio.
MÁS FACULTADES Y RECURSOS
Desde la capital de la Región de Los Lagos, el alcalde Wainraihgt sostuvo que «Es fundamental que se reconozca la importancia de otorgarle más facultades y recursos a los municipios para que podamos cumplir eficazmente con la labor en materia de seguridad».
Asimismo, manifestó que espera que las modificaciones que se presenten apunten a «Empoderar a los municipios y proporcionarles los recursos necesarios para garantizar una correcta labor en esta materia. Sin duda, hoy los guardias municipales se encuentran en la primera línea del combate a la delincuencia, y les debe entregar respaldo y normas claras».
HERRAMIENTAS
En esa línea, enfatizó que resulta «vital» que cada administración local cuente con las herramientas necesarias para «Enfrentar de manera efectiva los problemas de seguridad que afectan a nuestros ciudadanos».
Desde la Región del Biobío, el alcalde José Miguel Muñoz expresó su respaldo al avance del proyecto en la Cámara Alta, destacando que la propuesta representa un «Cambio positivo en la gestión local de la seguridad, otorgando más facultades y recursos a los gobiernos municipales para hacer frente a los desafíos actuales».
Además, recalcó que es «Fundamental que las indicaciones que se presenten y debatan en el proceso legislativo vayan en la línea de fomentar la autonomía y capacidades de los municipios en materia de seguridad. Ese es un paso en la dirección correcta para lograr una mayor eficacia en la prevención del delito y una mejor protección de la comunidad».
