El Ministerio de Salud trabaja contrarreloj para presentar antes de fin de junio un proyecto de ley que busca modernizar el régimen de licencias médicas en el sector público.
Esta iniciativa responde al compromiso asumido en la discusión del Presupuesto 2025, pero también al reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios salieron del país mientras estaban con licencia médica, vulnerando la finalidad del beneficio.
Lea también: Licencias médicas: BancoEstado despide a 91 trabajadores
El caso ha provocado indignación tanto en el gobierno como en el Congreso. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que ya se han iniciado más de 6.500 sumarios administrativos para investigar estos casos.
El objetivo ahora es evitar que se repitan situaciones similares mediante cambios estructurales al sistema de permisos de salud.
NUEVAS FÓRMULAS DE PAGO Y LÍMITES
Entre los ajustes que baraja el Ejecutivo está la eliminación del llamado «período de carencia», que hoy no aplica en el sector público.
Actualmente, los funcionarios estatales reciben el 100% de sus remuneraciones desde el primer día de licencia, a diferencia del sector privado, donde los primeros tres días no son remunerados si la licencia es inferior a diez días.
Otra propuesta en análisis es reducir progresivamente el pago de la licencia médica a medida que aumenta su duración. Es decir, mantener el derecho al descanso por salud, pero con una fórmula que disminuya los incentivos al abuso.
Asimismo, se está considerando que los casos con más de un año de licencia sean derivados automáticamente a evaluación de invalidez, y revisar el rol que cumplen las cajas de compensación y el Compin en el proceso.
CAMBIOS ESTRUCTURALES
Desde el Senado, Iván Flores (DC) y Juan Luis Castro (PS) criticaron la demora y la falta de transparencia en la elaboración del proyecto.
Ambos coincidieron en que la situación es insostenible y que el nuevo marco legal debe incluir medidas concretas de control, sanciones, y una revisión profunda del estatuto administrativo que actualmente permite pagos íntegros incluso en licencias extensas.
El proyecto, que está siendo redactado en Fonasa y será revisado por el Ministerio del Trabajo y la Segpres, deberá enfrentar una tramitación legislativa exigente. El plazo para su presentación vence este mes, y desde el Congreso ya anticipan que será una prioridad en la agenda de reformas estructurales.
