La empresa Andes Iron presentó un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para impugnar el rechazo del proyecto Dominga resuelto por el Comité de Ministros en enero de 2025.
Está Pasando reporteó y publicó ayer la información, revelando una nueva arista judicial en torno a una de las iniciativas mineras más controvertidas del país. Según el comunicado de la compañía, la empresa presentó la acción judicial para dejar sin efecto la resolución del Comité, al sostener que este excedió el marco legal al reabrir materias que ya se habían evaluado y resuelto durante el proceso de calificación ambiental.
ARGUMENTOS DE LA RECLAMACIÓN
Andes Iron afirmó que el Comité de Ministros fundamentó el rechazo en consideraciones sobre la algarrobilla, el pacul y el plan de contingencias ante derrames, pese a que, según la empresa, estos aspectos no eran nuevos y ya se habían analizado en etapas anteriores del proceso de evaluación ambiental.
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La compañía afirma que el Comité de Ministros no tenía competencias para revisar nuevamente estos puntos ni para incorporar fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones originalmente sometidas a su conocimiento. En esa línea, acusa una vulneración de principios básicos del derecho administrativo, como la congruencia, la seguridad jurídica y la prohibición de desviación de poder
Además, recuerda que el fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 estableció límites claros respecto del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité, el cual, a juicio de la empresa, no estaba habilitado para efectuar una revisión integral del proyecto
RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA
En paralelo, Andes Iron interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 20 de febrero de 2026, que anuló el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental
La empresa estima que dicha resolución impide ejecutar una sentencia firme vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica. En su declaración, el gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, señaló que “la justicia ambiental ha determinado que el Comité de Ministros del actual gobierno ha emitido dos pronunciamientos abiertamente ilegales”, agregando que lo que está en juego es el respeto a “las reglas del juego”
PROYECCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
De acuerdo con el comunicado, el proyecto Dominga contempla una inversión superior a US$ 2.500 millones y proyecta generar cerca de 30.000 empleos entre directos e indirectos en su fase de construcción, además de unos 10.000 puestos durante su operación, con prioridad para la Región de Coquimbo
El proyecto operará con agua de mar desalada y compartirá este recurso con la comunidad en una zona afectada por la sequía, bajo estándares ambientales que, según la empresa, el Informe Consolidado de Evaluación validó.
Con esta nueva ofensiva judicial, el futuro del proyecto vuelve a quedar en manos de los tribunales, en un escenario marcado por una extensa disputa técnica, administrativa y política que se ha prolongado por años.
la Corte de Apelaciones de #Antofagasta resolvió anular las actuaciones del Tribunal Ambiental de Antofagasta en la causa de Minera Dominga, por haberse excedido el Tribunal Ambiental en sus facultades 👏👏👏
Andes Iron debiera terminar de una vez por todas con esta locura pic.twitter.com/viJRVzzrMI— DiputadoJaimeAraya (@jaimearaya) February 21, 2026
