La empresa Andes Iron, responsable del proyecto minero portuario Dominga, solicitó al Primer Tribunal Ambiental «De plano y como medida cautelar, la suspensión de los efectos» de la última resolución emitida por el Comité de Ministros.
Esto ocurre luego de que el Tribunal detecta ciertos incumplimientos por parte del Comité y ordenara que este organismo volviera a reunirse para votar nuevamente sobre el proyecto Dominga.
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En esa instancia, el proyecto fue rechazado de manera unánime por tercera vez.
ANDES IRON
Aunque el Comité cumplió con la obligación de reunirse nuevamente para abordar el caso Dominga, dicha sesión se llevó a cabo después del plazo máximo establecido.
Además, este proceso ocurrió en un contexto donde varias autoridades se inhabilitaron, lo que obligó a buscar reemplazantes.
EMPRESA
La empresa sostiene que «En ese escenario, se pueden adoptar las medidas de apremio necesarias hasta que el Tribunal Ambiental considere que se ha cumplido íntegramente con el mandato contenido en la sentencia».
Según Andes Iron, esta medida evitaría la necesidad de iniciar un nuevo proceso contencioso ambiental enfocado en determinar si la decisión del Comité se ajustó a lo dictaminado.
“LA RESOLUCIÓN INCUMPLE LA SENTENCIA”
Andes Iron va más allá, señalando que «El Comité de Ministros se encuentra en una situación de incumplimiento de la Sentencia al no respetar los lineamientos y directrices claras y concretas que de ésta emanan».
También advierte que, de no suspenderse los efectos de la Resolución, existe el «grave riesgo» de que «La situación de incumplimiento de la Sentencia se consolide, transformando aquella en una sentencia de papel».
SEGURIDAD
Además, Andes Iron acusa al Comité de intentar «Promover un nuevo contencioso administrativo, eternizando el bucle de revisión y dejando ‘en el aire’ todas las sentencias que se han ido dictando».
La empresa también advierte sobre las implicancias más amplias de este caso, señalando que «La constante reapertura del análisis de la evaluación genera un precedente insostenible y muy peligroso, minando la seguridad jurídica y propiciando que futuras decisiones administrativas sean impugnadas reiteradamente, afectando la estabilidad del sistema jurídico y administrativo».
Por todo lo anterior, Andes Iron solicita que se suspenda la resolución en cuestión, «Incluido el plazo para reclamar de su legalidad», hasta que el Tribunal determine si esta se ajusta a derecho.
