Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) salieron a respaldar la denominada “norma de amarre” incluida en la propuesta de reajuste del sector público, cuyo propósito es restringir los despidos de funcionarios estatales ante la eventual llegada de un nuevo gobierno encabezado por el presidente electo José Antonio Kast.
La iniciativa ha provocado un fuerte rechazo en sectores de la oposición, desde donde acusaron que la medida buscaría garantizar la continuidad de “los amigos y operadores políticos de esta administración”.
En conversación con Emol, el presidente de la ANEF, José Pérez, defendió la propuesta señalando que el trabajo de los funcionarios públicos está orientado “para la ciudadanía”.
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Asimismo, sostuvo que bajo el concepto de “trabajo decente” resulta fundamental avanzar “a la estabilidad laboral”.
“Somos nosotros los que atendemos a la ciudadanía en momentos de catástrofe, incendios, terremoto, pandemia. Somos los primeros en atender a esa ciudadanía que es más demandante. Y nosotros rendimos cuenta”, afirmó en diálogo con Emol.
A ello agregó: “La autoridad política tiene que dar el ancho para apoyar esta demanda que es estructural de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile”.
OPOSICIÓN
Pérez también desestimó los cuestionamientos provenientes de la oposición, insistiendo en que “no se trata de un amarre”, sino de “asegurar estabilidad en el empleo para quienes trabajamos para el Estado de Chile (…)”.
En esa línea, enfatizó que “la norma criticada en el reajuste al sector público por un sector político no es un amarre: evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente”.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, señaló que el objetivo de la propuesta es establecer mecanismos de resguardo para que los funcionarios puedan someterse a evaluaciones de desempeño “y no ocurra lo que pasó en el primer gobierno de Sebastián Piñera”.
Además, acusó que la oposición “viene hace un año fustigando a los funcionarios” y amenazando con “despidos”.
Se anticipa que esta disposición complique aún más el debate legislativo que deberá desarrollarse en el Congreso durante la primera semana de enero.
LA «NORMA DEL AMARRE»
El reajuste del sector público ha estado marcado por diversas controversias.
Si bien el proyecto aún no ha sido ingresado formalmente al Congreso, ya perdió el respaldo de dos de las 16 organizaciones que integran la mesa del sector público, debido a su disconformidad con la propuesta del Ejecutivo.
No obstante, uno de los puntos que sí concitó un respaldo amplio fue la inclusión de una norma destinada a fortalecer la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado.
PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN
Esta disposición tendría un impacto directo en la próxima administración de José Antonio Kast, al establecer límites al despido de funcionarios públicos.
La incorporación de este punto fue solicitada por los propios gremios y ha generado un intenso debate político.
La norma establece que la no renovación de contratas, o su renovación bajo condiciones distintas, en subsecretarías, servicios públicos dependientes de ministerios o vinculados al Presidente de la República (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”.
Asimismo, dispone que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”.
En ese contexto, la Contraloría General de la República solo podrá abstenerse de pronunciarse sobre dichas reclamaciones si el afectado ha presentado acciones judiciales por los mismos hechos.
Adicionalmente, el proyecto incorpora “una norma que regula al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente”.
Dicha regulación establece las condiciones relativas a su forma de contratación, causales de término y remuneraciones.
CRÍTICAS
El contenido de la propuesta generó un rechazo transversal en la oposición, desde donde calificaron la iniciativa como una “norma de amarre totalmente inaceptable”.
El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, sostuvo que “esto supera el espíritu propio de la ley y solo se busca amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”.
Una postura similar manifestó el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien afirmó que una disposición de este tipo genera “una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios” del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Según indicó, se trataría de una especie “de corralito” que incluso dificultaría la remoción de funcionarios que ocupan cargos de confianza.
