La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, mediante un proceso de licitación pública, habilitó el servicio de aparcadero municipal que fortalece la seguridad pública. Permite además, el traslado y custodia de vehículos motorizados que son retirados de circulación por infracciones a la normativa de tránsito.
Esta labor es ejecutada por funcionarios de Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio de Transportes.
A través de esta licitación, el servicio fue adjudicado a la concesionaria Centro de Custodia de Vehículos Infractores (CCVI). Dicha empresa que desarrolla la función público-privada de aparcadero municipal en 41 comunas distribuidas en seis regiones del país, aportando experiencia y estándares operativos consolidados.
Beneficios directos para la seguridad pública y vial
La implementación de este servicio genera beneficios directos para la comuna, especialmente en materias de seguridad pública, seguridad vial y recuperación del espacio público. Uno de los impactos más relevantes es la eliminación de la necesidad de que Carabineros destine diariamente recursos humanos, materiales y tiempo a la custodia de vehículos incautados o retirados de circulación, tanto al interior como en el exterior de los cuarteles policiales.
Gracias a este sistema, funcionarios policiales que cuentan con formación especializada pueden concentrarse plenamente en labores de prevención del delito y control en terreno, optimizando el uso de los recursos institucionales y fortaleciendo la presencia policial efectiva en la comuna.
El control vehicular como herramienta de prevención del delito
El aumento del control vehicular no constituye únicamente una acción sancionatoria, sino que se consolida como una herramienta integral de prevención del delito. La evidencia criminológica demuestra que la inseguridad es un fenómeno multicausal, que no se enfrenta exclusivamente con patrullajes, sino también mediante fiscalización rigurosa de aquellas faltas que facilitan la comisión de delitos, especialmente las que se realizan mediante vehículos motorizados.
El uso de vehículos en actividades delictuales ha aumentado de forma significativa en los últimos años.
Delitos como portonazos, encerronas, robos con intimidación y la acción de los denominados “motochorros” han generado una profunda sensación de inseguridad en la ciudadanía, poniendo en riesgo no solo la propiedad, sino también la integridad física y la vida de las personas.
El control y la fiscalización del tránsito reducen la movilidad de los delincuentes, desincentivan el uso de vehículos para cometer delitos y aumentan la percepción de seguridad en los barrios.
Impacto social y comunitario
Para muchas familias, la adquisición de un vehículo representa un esfuerzo económico significativo y, en muchos casos, una herramienta indispensable para el trabajo, el traslado diario o el desarrollo de actividades productivas. El robo o uso indebido de vehículos no solo implica una pérdida material, sino también una afectación directa a la calidad de vida y al funcionamiento del núcleo familiar.
En diversos sectores, especialmente aquellos con menor presencia estatal, la narco-cultura ha comenzado a imponer patrones de control territorial mediante el uso de motocicletas, automóviles y camionetas, incluso conducidos por menores de edad, generando temor y silenciamiento en la comunidad. Frente a este escenario, el control vehicular adquiere un rol estratégico en la recuperación del orden y la convivencia barrial.
Protección del medio ambiente y la salud pública
Asimismo, los vehículos motorizados —principalmente camiones y camionetas— son utilizados para la comisión de faltas que atentan contra el medio ambiente, como el transporte y depósito ilegal de basura y escombros en la vía pública y sitios eriazos.
Estas prácticas, muchas veces realizadas para reducir costos operativos, generan focos de insalubridad que atraen roedores y aumentan el riesgo de enfermedades como el hantavirus, representando una grave amenaza para la salud pública. El control y retiro de estos vehículos contribuye de manera directa a la protección del entorno urbano y natural.
Obligaciones del Centro de Custodia de Vehículos Infractores (CCVI)
Para garantizar un funcionamiento eficiente y transparente, el CCVI debe cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Disponibilidad permanente: Atención operativa 24/7, incluidos festivos, con grúas disponibles para las autoridades fiscalizadoras.
2. Infraestructura habilitada: Instalaciones adecuadas para la custodia de vehículos hasta su devolución o realización de peritajes.
3. Facilidades de acceso: Ingreso continuo para diligencias del SEBV, SIP u otras instituciones auxiliares del Ministerio Público.
4. Información oportuna: Registro y entrega de antecedentes de los vehículos ingresados en cualquier horario.
5. Custodia por instrucción del Ministerio Público: Mantención de vehículos hasta su retiro por la empresa designada.
6. Devolución al propietario: Conforme a lo dispuesto en el Oficio N.º 626/2017 de la Fiscalía Nacional.
7. Centro de atención telefónica: Operativo las 24 horas, todos los días del año.
8. Acta de retiro y traslado: Documento foliado que transfiere la responsabilidad del vehículo al CCVI.
9. Coordinación interinstitucional: Comunicación permanente con Carabineros y organismos fiscalizadores.
