La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) expresó su “más enérgico rechazo” y profunda preocupación por la grave agresión sufrida por el administrador de la Corte de Apelaciones de Arica, Raúl Marchant Lira, quien fue atacado por otro funcionario judicial durante el proceso de notificación de calificaciones anuales. El agresor falleció posteriormente.
Según la organización, el episodio constituye una vulneración directa a los principios de probidad, buen trato, seguridad laboral y resguardo del servicio judicial, y revela fallas estructurales que requieren una respuesta urgente del Poder Judicial y el Estado.
INVESTIGACIONES EN CURSO
APRAJUD detalló que tanto la Corte de Apelaciones de Arica como la Fiscalía Regional iniciaron investigaciones administrativas y penales para esclarecer las circunstancias del incidente, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
La asociación manifestó su solidaridad con la familia de Raúl Marchant, esperando su pronta recuperación e instando a garantizarle toda la atención médica y psicológica necesaria. Asimismo, enviaron condolencias a la familia del funcionario que perpetró la agresión, subrayando que hechos de esta naturaleza deben comprenderse considerando también sus dimensiones personales y psicológicas.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE “EL ESTADO YA NO PUEDE IGNORAR”
La organización recordó que ha advertido por años sobre situaciones que hoy vuelven a hacerse visibles con este hecho:
- Deficientes sistemas de protección de salud mental para los funcionarios judiciales.
- Sobrecarga laboral y falta de dotación, que se mantiene prácticamente igual desde hace 25 años.
- Ausencia de mecanismos eficaces para detectar riesgos psicosociales en los equipos.
- Necesidad de evaluar jurídicamente la eventual aplicación de la Ley Karin, dada la gravedad del episodio.
APRAJUD reiteró además su histórica demanda por separar las funciones administrativas y jurisdiccionales dentro de los tribunales, afirmando que la actual estructura expone a los equipos a tensiones que podrían evitarse y que afectan directamente la seguridad, el clima laboral y la gestión judicial.
Este caso, sostienen, debe servir como advertencia para el debate actualmente en curso en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde se discuten cambios relevantes para el servicio judicial.
LLAMADO A LOS TRES PODERES DEL ESTADO
Finalmente, la asociación señaló que su prioridad inmediata es la recuperación de su asociado, pero advirtió que las condiciones actuales de trabajo —marcadas por el aumento de cargas, exposición a riesgos psicosociales y dotación insuficiente— “son incompatibles con el servicio de justicia que el país requiere”.
APRAJUD llamó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a asumir su responsabilidad institucional para prevenir hechos similares y asegurar ambientes laborales seguros y libres de violencia.
