El Gobierno decidió cambiar el tono. Tras la seguidilla de ataques incendiarios del fin de semana en Vilcún, Carahue y Cunco —que destruyeron bodegas, maquinaria forestal y pusieron en riesgo a comunidades vecinas— el Ministerio de Seguridad Pública presentó dos querellas invocando la Ley Antiterrorista. El Ejecutivo apunta a la orgánica radical Weichán Auka Mapu (WAM) como posible responsable.
La acción judicial marca un giro en la estrategia del Gobierno: en lugar de limitarse a querellas por incendio, se optó por asociación terrorista, figura que permite ampliar el rango investigativo y perseguir estructuras completas, no solo autores materiales. La querella se dirige contra todos quienes resulten responsables.
Lea también Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el transporte este domingo?
ATAQUES COORDINADOS Y PATRONES COMUNES
Según el Gobierno, los atentados comparten elementos: ingreso nocturno a predios, uso de acelerantes y retirada rápida. En todos los puntos se hallaron lienzos con consignas políticas a favor de imputados identificados como presos mapuche y con el símbolo de la WAM.
Para Seguridad Pública, este patrón es clave: demuestra planificación, roles definidos y continuidad temporal.
NO SOLO DAÑOS, SINO SEÑAL POLÍTICA
En la presentación judicial se destacan no solo las pérdidas materiales, sino el riesgo para la vida de vecinos de los sectores afectados. Pero la querella también alude a otro plano: la lectura política.
El documento recuerda que desde 2020 existe una secuencia de ataques que la propia WAM ha reivindicado públicamente. El Gobierno considera que esto configura una organización permanente, con capacidad operativa y objetivos explícitos.
“Los hechos permiten relacionar estos ataques con otros adjudicados a la WAM, entidad permanente y compuesta por más de tres personas”, señala el escrito.
UN MENSAJE DE ESTADO
Con esta acción, el Gobierno busca instalar una señal: no habrá espacio para tolerar atentados con motivación política o ideológica bajo el amparo del conflicto territorial.
La querella no solo persigue a los autores de los últimos incendios, sino que instala en el Ministerio Público la obligación de investigar a la estructura completa, algo que hasta ahora no se había hecho utilizando la Ley Antiterrorista como eje.
