Arista Dominga: el suspendido ministro Jean Pierre Matus se autodenuncia ante la Suprema. La Corte designa a fiscal Pizarro para investigar detalles de una publicación que lo liga a la cuestionada minera.
El Pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud del ministro Jean Pierre Matus para abrir una investigación interna. Ello, tras la publicación de antecedentes periodísticos que lo involucrarían.
La decisión busca esclarecer los hechos difundidos por el medio Reportea.cl, en un contexto marcado por la crisis de probidad que atraviesa el Poder Judicial.
Autodenunciarse no equivale a quedar exculpado
La solicitud presentada por el propio ministro no constituye una exculpación. Menos atenúa los cuestionamientos de fondo que pesan sobre su conducta y que lo tienen suspendido del poder judicial.
Solo un fallo judicial firme y ejecutoriado puede despejar eventuales responsabilidades. Antes de ello, los hechos deben ser examinados con rigor y sin privilegios.
En el intertanto, la autodenuncia opera únicamente como un mecanismo procedimental, no como una garantía de inocencia ni como un blindaje institucional.
El estándar de un juez supremo es superior
Más allá de si los antecedentes configuran o no un delito, el caso vuelve a poner sobre la mesa un punto clave. Los ministros de la Corte Suprema están sujetos a un estándar ético reforzado. Muy superior al exigible a cualquier otro funcionario público.
La sola existencia de conductas que se alejen del deber de imparcialidad, prudencia y distancia exigido a un juez del máximo tribunal ya constituye un problema institucional grave.
No todo lo reprochable es penalmente sancionable, pero sí puede ser incompatible con la función jurisdiccional suprema.
Una Corte bajo sospecha
La investigación se abre en un escenario de profunda desconfianza ciudadana, alimentada por el Caso Hermosilla, la destitución de Ángela Vivanco y múltiples indagatorias internas.
En ese marco, cada nuevo antecedente que involucra a ministros en ejercicio impacta directamente en la legitimidad del tribunal.
Por eso, la reacción institucional no puede limitarse a cumplir formalidades. Se espera transparencia, celeridad y consecuencias claras, si corresponde.
Qué viene ahora
La indagatoria administrativa deberá establecer los hechos y evaluar si existió un comportamiento incompatible con el cargo. Y, de paso, si esa eventual conducta constituye un ilícito perseguible, penalmente.
El informe final del Fiscal Pizarro, será revisado por el Pleno, que deberá decidir si procede alguna medida adicional.
Mientras tanto, el caso refuerza una certeza incómoda para el Poder Judicial: la crisis no se supera con gestos defensivos, sino con estándares reales de responsabilidad y conducta ejemplar.
