Nacional y economía

Aviso de desalojo en megatoma de San Antonio toma por sorpresa

Cristian Navarro H.

Periodista

Megatoma
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La vocera de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, Elizabeth Rivera, cuestionó el cambio de escenario.

El anuncio del inminente desalojo en megatoma de San Antonio no solo sorprendió a miles de familias, sino que reactivó las críticas por la forma en que el proceso fue comunicado y por las limitadas alternativas de reubicación disponibles a pocos días de su inicio.

Carteles pegados en los portones de varias parcelas informaron que la desocupación comenzará el lunes 12 de enero, dando inicio a una salida “gradual y progresiva” de los terrenos ocupados. La medida se enmarca en el fallo ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2023, que ordenó el desalojo del predio. Sin embargo, para los pobladores, el problema no es solo el fallo, sino la ausencia de una transición clara.

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Dirigentes de las cooperativas señalaron que se enteraron del inicio del desalojo mientras realizaban trámites en la Delegación Presidencial Provincial, lo que evidencio una desconexión entre las autoridades y las comunidades afectadas. El aviso establece que el proceso partirá con las parcelas 11, 13 y 15, para luego continuar por el sector Bosques del Mar.

La vocera de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, Elizabeth Rivera, cuestionó el cambio de escenario. Aseguró que previamente se les había informado que el 12 de enero comenzarían solo las notificaciones, con un plazo cercano a 30 días para permitir la reubicación de las familias. “Hoy nos dicen que ese mismo día parte el desalojo. Eso altera completamente cualquier planificación”, advirtió.

La preocupación se acentúa por la capacidad limitada de los albergues. Según los pobladores, el recinto habilitado en el Colegio España puede recibir a 116 familias, unas 300 personas, cifra muy inferior a las más de 3.300 familias que deberán abandonar el terreno.

Ante este escenario, las cooperativas buscan una solución interna: reubicar a quienes califiquen dentro del paño de 110 hectáreas que el Estado planea expropiar. “Es una tarea titánica y urgente”, reconocen, mientras crece la tensión social por un desalojo que, más allá de lo judicial, expone la fragilidad de las respuestas habitacionales de emergencia.

 

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