La decisión de adquirir 22 vehículos Lexus para los ministros de la Corte Suprema terminó convirtiéndose en un escándalo institucional que sigue generando coletazos. El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) sancionó al director Ricardo Guzmán y al subdirector Zvonimir Koporcic, quienes ahora enfrentan un proceso disciplinario que podría incluso derivar en su remoción.
Sin embargo, el caso escaló aún más. El subdirector apeló la sanción y pidió que 11 ministros de la Corte Suprema se inhabiliten para revisar su recurso. Hasta el 9 de junio, según confirmó el Poder Judicial a CIPER, 10 de esos magistrados ya habían estampado su inhabilidad, por haber intervenido en la tramitación del sumario o participado en las decisiones cuestionadas.
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SIN RESPALDO FORMAL
Todo comenzó con una revelación de La Tercera el 12 de febrero de 2024. La Corte Suprema había aprobado la compra de 22 Lexus híbridos por más de $1.253 millones. Tres días después, ante la presión pública, el mismo pleno dejó sin efecto la decisión.
La investigación posterior destapó serias irregularidades. El sumario, encabezado primero por la ministra María Angélica Repetto y luego por María Soledad Melo, estableció que nunca existió un acuerdo formal del Consejo Superior para concretar la compra. Aunque varios ministros reconocieron en sus declaraciones haber discutido el tema de forma reiterada, la ministra instructora concluyó que no había actas que respaldaran una decisión expresa.
Según la ministra María Teresa Letelier, “empezaron a buscar autos y empezaron a llevar autos a la corporación para que nosotros los viéramos. Y vimos muchos autos… se llevaron Volvo, se llevaron Toyota… entre los Toyotas se llevó el Lexus”. Letelier aseguró que “se decidió una compra directa” y que el modelo cumplía con los requisitos de eficiencia energética.
SANCIONES Y ACUSACIONES
El 13 de marzo, el Consejo Superior resolvió sancionar a Guzmán con 15 días de suspensión y a Koporcic con un mes, ambos con goce de solo la mitad de su sueldo. Además, dejaron abierta la opción de abrir un cuaderno de remoción o de aplicar la facultad que tiene la Corte Suprema para destituirlos directamente.
El fallo fue respaldado por cuatro de los cinco ministros que integran actualmente el Consejo: Ricardo Blanco, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y Leopoldo Llanos. La ministra Chevesich también votó por sancionar, aunque con medidas menos severas.
En su defensa, Guzmán y Koporcic aseguraron que el tema fue tratado repetidamente en el consejo y que las decisiones contaban con respaldo tácito. El primero recordó que incluso el entonces presidente de la Corte, Juan Eduardo Fuentes, estaba al tanto. Koporcic, por su parte, fue más allá y acusó a los ministros de no dejar constancia formal de los acuerdos tomados.
LA REUNIÓN CON HACIENDA
Uno de los episodios clave que menciona la resolución es una reunión sostenida con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el 2 de noviembre de 2023. A ese encuentro asistieron los ministros Juan Eduardo Fuentes, María Teresa Letelier y Mario Carroza. Según Letelier, Marcel habría dicho que autorizaría el “fondo inicial de caja” del presupuesto 2024, y que “ustedes los van utilizando a medida que se vaya necesitando”.
Guzmán también aludió a ese compromiso verbal. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda negaron haber aprobado la compra de vehículos de alta gama. En respuesta a CIPER, señalaron que “el uso del saldo final de caja ha sido objeto de un acuerdo desde hace varios años”, pero que en esa reunión no se mencionaron específicamente los autos.
IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS
La resolución fue especialmente crítica con Koporcic. Según el documento, gestionó directamente con Toyota sin autorización del Consejo, asistió personalmente a las oficinas de la marca en Pudahuel y propuso el vehículo sin fundamentos técnicos. Además, incluyó la compra en un correo titulado “Nuestro Presupuesto 2024” cuando la Dipres aún no había aprobado los fondos.
En cuanto a Guzmán, se le acusó de no ejercer un control eficiente sobre el proceso. Permitió que se realizaran gestiones sin aprobación previa del Consejo y entregó información incompleta sobre la existencia de los recursos.
La ministra instructora advirtió que los ministros del Consejo Superior también conocían del proceso, aunque ninguno reparó en la falta de un acuerdo formal. Chevesich, en su voto disidente, destacó lo “llamativo” de que los ministros firmaran actas sin advertir esa omisión.
¿REMOCIÓN O PROTECCIÓN?
Más allá de las sanciones individuales, el conflicto expone tensiones internas en la Corte Suprema. El recurso de Koporcic busca inhabilitar a ministros que actuaron como parte del órgano sancionador, o que declararon en el expediente. La petición fue acogida en parte, lo que deja la resolución de su apelación en manos de una Corte Suprema fragmentada.
La crítica del subdirector apunta también a la falta de transparencia en las actas del Consejo Superior. Según la ministra Letelier, la decisión de optar por Lexus fue “absolutamente consensuada”. Sin embargo, el sumario no encontró respaldo escrito para esa afirmación.
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