Por cuarta semana consecutiva, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, aparece en la tabla de la Corte Suprema, sin que se concreten los alegatos. La acción judicial busca evitar su formalización por violación de secreto, luego de conocerse que compartió antecedentes de una investigación por narcotráfico con el abogado Luis Hermosilla.
Según informa BioBioChile, el proceso se inició el 9 de mayo. Desde entonces, la Segunda Sala del máximo tribunal ha postergado su revisión todos los viernes: el 16, el 23 y el 30 de mayo, y el 6 y 13 de junio. La defensa de Palma pidió suspender la primera audiencia. Las siguientes han sido aplazadas sin mayores explicaciones. Se espera que, si no hay nuevos contratiempos, los alegatos se realicen el viernes 27 de junio, ya que el día 20 es feriado.
“Hay otras causas antes”, señalan fuentes cercanas al proceso en la Suprema.
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ENTREGA DE INFORMACIÓN RESERVADA
Carlos Palma forjó una carrera de más de dos décadas en el Ministerio Público, con paso por las fiscalías de Concepción, Talca y Coronel. Incluso sonó como posible fiscal nacional. Sin embargo, su trayectoria cambió abruptamente cuando se revelaron intercambios de mensajes por WhatsApp con Hermosilla —al menos desde 2018—, a quien le compartió datos reservados de investigaciones en curso.
Uno de los antecedentes más comprometedores es un mensaje enviado el 20 de febrero de 2022. Ese día, Palma remitió al penalista una grabación obtenida mediante una escucha telefónica entre dos imputados por tráfico de drogas, justo cuando sus detenciones eran controladas por el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
“Tengo ene escuchas (…) Tal vez el colega no cacha el detalle… pero es impresentable. Ingenieros de Vitacura traficando 20 kilos de coca para Aysén”, escribió Palma a Hermosilla, junto al archivo de audio.
Estos hechos llevaron al Ministerio Público a querellarse en su contra, a través de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. El delito que se le imputa —violación de secreto— puede acarrear penas de hasta cinco años de cárcel.
UN PROCESO SIN AVANCE
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Palma no ha enfrentado formalización. Su defensa está en manos de la Defensoría Penal Pública, específicamente del defensor regional de Aysén, Jorge Moraga Torres. Mientras tanto, representantes del Consejo de Defensa del Estado y de la Fiscalía Nacional —a través del fiscal Eugenio Campos— se inscriben semanalmente para alegar en la Suprema, sin que se realicen las audiencias.
El estancamiento del caso genera incomodidad entre funcionarios del Ministerio Público. Palma continúa percibiendo su salario completo: $9,4 millones mensuales. Más una asignación por zona del 210%, lo que eleva su ingreso a $11,6 millones al mes.
Si finalmente se realizan los alegatos el viernes 27 de junio, la causa pasará a acuerdo, y posteriormente, los ministros de la Segunda Sala deberán redactar el fallo. Si se rechaza el recurso de Palma, el Ministerio Público podrá proceder con la formalización, abriendo un nuevo capítulo judicial en un caso que ya suma controversias, filtraciones y demoras que inquietan al sistema de justicia.
