El denominado caso ProCultura avanzó de manera sustantiva entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026. En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó a cinco personas por el delito de fraude al fisco consumado. La causa se inserta en el llamado “caso convenios”.
El principal imputado es el psiquiatra y cofundador de la fundación, Alberto Larraín. Junto a él fueron formalizadas cuatro colaboradoras cercanas. El tribunal dejó a los imputados en reclusión en tránsito mientras se resolvían las medidas cautelares.
PRIMERA JORNADA DE FORMALIZACIÓN
Durante la audiencia del sábado, la Fiscalía expuso las irregularidades detectadas en el programa “Quédate”. Se trata de una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano. El monto total cuestionado asciende a $1.683.788.000.
Según el Ministerio Público, ProCultura no contaba con la experiencia técnica requerida. Además, presentó informes genéricos o duplicados para justificar los desembolsos. La Fiscalía sostuvo que parte relevante de los fondos no se destinó al objetivo declarado.
Al término de la jornada, el tribunal ordenó que Larraín quedara recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Las coimputadas fueron trasladadas al Centro de Detención Femenina de San Joaquín. La resolución de cautelares quedó pendiente.
SEGUNDA JORNADA Y RENUNCIA DE DEFENSA
La audiencia del domingo se centró en la discusión de medidas cautelares de alta intensidad. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los imputados. Argumentó peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.
Sin embargo, la sesión sufrió un retraso relevante. El abogado defensor de María Teresa Abusleme presentó su renuncia durante la audiencia. El tribunal debió suspender momentáneamente la vista para asegurar el derecho a defensa.
El juzgado adoptó resguardos procesales antes de continuar. La causa siguió su curso conforme a las garantías del debido proceso. La lectura de la resolución quedó pendiente al cierre de la jornada.
QUIÉNES SON LOS FORMALIZADOS
María Teresa Abusleme ejercía como directora de ProCultura. La Fiscalía la vincula a la gestión administrativa de los fondos y la firma de convenios. Su situación procesal quedó marcada por la renuncia de su defensa.
Constanza Gómez, exdirectora de comunicaciones, enfrenta imputaciones por justificar gastos presuntamente ajenos a los proyectos. Ilonka Csillag, cofundadora, figura como responsable de decisiones del directorio. Victoria Larraín colaboró en la gestión de proyectos y busca evitar la prisión preventiva.
Todos los imputados enfrentan cargos por fraude al fisco consumado. La Fiscalía sostiene que actuaron como una estructura coordinada. El objetivo habría sido aparentar solvencia técnica para acceder a recursos públicos.
DESGLOSE DE LOS FONDOS CUESTIONADOS
Del total investigado en esta arista, la Fiscalía detectó cerca de $400 millones en gastos de personal. Estos incluyeron sueldos de la cúpula y asesorías sin relación directa con la atención de pacientes. También se usaron recursos para cubrir deudas previas de la fundación.
El Ministerio Público investiga triangulaciones por alrededor de $100 millones. Esos fondos habrían sido transferidos a cuentas personales o de otras sociedades vinculadas. Las operaciones ocurrieron poco después de recibir remesas del GORE.
PROYECTO DE ALCANCE NACIONAL
ProCultura se convirtió entre 2021 y 2023 en una de las ONG con mayor captación de recursos públicos por trato directo. La Fiscalía investiga convenios en ocho regiones del país. El monto total bajo análisis supera los $6.800 millones solo en gobiernos regionales.
Si se suman contratos con ministerios, el flujo estatal hacia la fundación alcanza más de $9.100 millones. Existen aristas relevantes en Antofagasta, Biobío y Magallanes. El caso se transformó en uno de los ejes del escándalo de convenios.
IMPACTO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO
La causa también roza al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien posee calidad de imputado y querellante. El proceso abrió cuestionamientos al sistema de trato directo. También reactivó el debate sobre control del gasto regional.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días. La resolución de cautelares marcará el curso inmediato del caso. ProCultura se consolida como una de las aristas más complejas del caso convenios a nivel nacional.
LAS CAUTELARES
El 7 Juzgado de Garantía de Santiago ha determinado las siguientes medidas cautelares para los 5 formalizados por el delito de fraude al fisco consumado.
Alberto Larraín (Cofundador): Se decretó prisión preventiva. El juez acogió el argumento de la Fiscalía de Antofagasta, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y existe riesgo de obstaculización de la investigación. Será trasladado de forma definitiva al anexo penitenciario Capitán Yáber.
María Teresa Abusleme (Exdirectora): Tras la accidentada jornada por la renuncia de su abogado, finalmente quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. El tribunal desestimó la prisión preventiva al considerar que su participación, aunque clave, no reviste el mismo nivel de jerarquía en la toma de decisiones que Larraín.
Constanza Gómez, Ilonka Csillag y Victoria Larraín: Para las otras tres imputadas, el tribunal dictó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre sí o con funcionarios del GORE Metropolitano.
El juez enfatizó que, si bien hay presunción de inocencia, los antecedentes aportados por la Fiscalía sobre la «triangulación de dineros» y la falta de experiencia técnica de la fundación son «contundentes y graves». Con esto, Larraín es el único de este grupo que pasará la noche (y los próximos meses) tras las rejas.
