El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el caso Procultura, ordenó la detención de Alberto Larraín. Se trata de una de las aristas más complicadas y que ha salpicado al Intendente Metropolitano, Claudio Orrego.
La tarde del viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó la orden de detención contra Larraín y otros implicados. La medida responde a una parte de la investigación vinculada al convenio con el GORE RM. En esa arista se indaga el uso indebido de recursos fiscales para un programa social.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, lidera las diligencias en conjunto con un equipo de la Policía de Investigaciones. Esa fiscalía ha trabajado desde hace meses en esta causa penal. La investigación sigue abierta y acumula diversas aristas de análisis.
Entre los imputados además de Larraín están representantes legales y exfuncionarios vinculados al programa. Las órdenes de detención buscan asegurar la comparecencia de todos ellos. El tribunal consideró que existen elementos que justifican la medida cautelar.
QUIÉN ES ALBERTO LARRAÍN
Alberto Larraín Salas es psiquiatra, columnista y asesor político conocido en el ámbito público chileno. Fue fundador y director ejecutivo de la Fundación ProCultura hasta noviembre de 2023. La organización se vinculó al denominado caso Convenios, un escándalo por traspasos de recursos desde organismos públicos.
ProCultura había recibido dinero del Gobierno Regional Metropolitano para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. La investigación fiscal sostiene que parte de esos fondos se usaron de manera distinta a la pactada. Esa desviación es uno de los hechos que motivan la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Larraín también fue figura en otros procesos judiciales vinculados a convenios transferidos a la fundación. Su rol como intermediario lo ha situado en el centro del debate público y mediático. Por esa razón, su detención generó atención más allá de lo estrictamente jurídico.
ACUSACIONES QUE MOTIVAN LA ORDEN
La orden de detención se fundamenta en la investigación de una arista del caso Procultura relacionada con el convenio entre la fundación y el GORE RM. La Fiscalía interroga sobre el uso de recursos públicos entregados para el programa “Quédate”. Se investiga distracción indebida de fondos y posibles delitos asociados.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por distracción indebida de fondos fiscales frente al 7mo. Juzgado de Garantía. El CDE acusa que la fundación, bajo dirección de Larraín y otros representantes, habría utilizado dinero destinado a un fin específico de manera distinta. Esa acción legal también busca responsabilizar penalmente a los implicados.
La querella detalla que la fundación recibió más de $1.683 millones del patrimonio fiscal para el proyecto “Quédate”. Según el documento, parte de ese dinero se “distrae” de su objeto convenido y no fue restituido al GORE después de la declaratoria de término anticipado del convenio.
Este uso distinto de los fondos provocó un perjuicio patrimonial estimado en más de $1.015 millones. La investigación considera que esa conducta vulneró obligaciones contractuales y administrativas. Por ello se estudia la eventual responsabilidad penal de los imputados.
CONTEXTO: CUÁNDO Y CÓMO SURGIÓ LA INVESTIGACIÓN
La causa Procultura se enmarca en el amplio Caso Convenios, que reúne investigaciones por transferencias de recursos públicos a fundaciones y ONG. En ese contexto, ProCultura tuvo un rol importante dada su vinculación con múltiples convenios con gobiernos regionales y otras instituciones.
Desde entonces, la Fundación ProCultura enfrentó querellas presentadas por el CDE, acusaciones fiscales y el cierre definitivo de sus funciones en noviembre de 2023. El proceso se fue extendiendo a otras regiones y a otros convenios, generando múltiples investigaciones derivadas.
IMPLICANCIAS POLÍTICAS Y JUDICIALES
La figura de Larraín ha sido objeto de debate político y periodístico debido a sus vínculos con autoridades de distintos sectores. En algunos momentos, personalidades públicas destacaron su trabajo en programas sociales y su relación con autoridades regionales. Esa cercanía ha generado discusiones sobre la independencia de la gestión pública y la supervisión de fondos.
Además de la orden de detención, otras aristas del caso Procultura han derivado en querellas adicionales presentadas ante tribunales de distintas regiones. Esas querellas buscan responsabilizar a varios agentes por hechos asociados a convenios y transferencias de recursos públicos.
El proceso penal y las medidas cautelares que enfrenta Larraín muestran la vía que sigue el sistema de justicia en causas que mezclan gestión pública y manejo de fondos fiscales. La próxima audiencia y los pasos procesales determinarán si se formalizan nuevos cargos o se amplían las investigaciones.
LA CORRUPCIÓN Y SU PERMANENCIA
Las recientes actuaciones judiciales en causas como el caso Procultura, el Caso Convenios y otras investigaciones vinculadas al uso de recursos públicos evidencian un patrón recurrente. La presencia de órdenes de detención y querellas por distracción indebida de fondos refleja la atención de la justicia sobre posibles malas prácticas en la gestión estatal.
Distintas aristas de estos procesos muestran que el problema no es aislado. Pareciera que la corrupción en los casos que actualmente conoce el país no solo llegó, sino que pretende quedarse en espacios de alta responsabilidad pública.
