El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha complicado aún más la situación del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien ha sido formalizado por cohecho en el marco del Caso Puerto Coronel.
Esto se debe a que el querellante respaldó la solicitud de prisión preventiva, como lo hizo previamente el Ministerio Público. Según el CDE, «no importa de donde haya partido la iniciativa», ya que existe «comisión de delito» cuando la autoridad reelecta recibe dinero de particulares.
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«Da lo mismo si se solicitaron o se aceptaron» los dineros. Así lo explicó el abogado querrellante, Georgy Schubert, del Consejo de Defensa del Estado, en declaraciones a Radio Bío Bío sobre el delito de cohecho relacionado con el caso Puerto Coronel.
FISCALÍA
Esto responde a la afirmación de la Fiscalía, que indicó que el alcalde recibió 21 pagos en efectivo, sumando un total de 82 millones de pesos.
Los pagos fueron transferidos por la compañía a través de un contratista, quien, mediante su empresa Transolv, emitía facturas falsas para justificar egresos de la empresa portuaria, correspondientes a trabajos que no se realizaron.
El abogado justificó la solicitud de prisión preventiva para Boris Chamorro, argumentando que se trata de un delito reiterado, que podría acarrear una pena de crimen, es decir, hasta 10 años de prisión.
Además, se destacó la gravedad del delito, ya que la autoridad reelecta «se pone a un interés distinto al público», lo que «afecta el núcleo de la probidad administrativa».
PRISIÓN PREVENTIVA
En el mismo contexto, el querellante solicitó también la prisión preventiva para el exconcejal socialista Eduardo Araya, quien está formalizado por cohecho.
De igual manera, se pidió la misma medida cautelar para Eduardo Hartwig, fundador de Puerto Coronel; Daniel Chamorro, exgerente de Administración y Finanzas; y Víctor Olivares, contratista de la empresa portuaria y vínculo entre la firma y el alcalde, según los antecedentes presentados por la Fiscalía. Estos tres últimos están formalizados por soborno.
Al finalizar la tercera jornada de audiencia, ni el alcalde ni su defensa, a través del abogado Waldo Ortega, se pronunciaron sobre la solicitud del CDE.
FORMALIZACIÓN
Este jueves se retomará la formalización, y se espera que concluyan las intervenciones de los querellantes.
Luego será el turno de las defensas y la réplica del Ministerio Público. La audiencia podría extenderse hasta el viernes.
Si no se acepta la prisión preventiva, el CDE ha anticipado que no descartaría presentar un recurso de apelación.
