La Fiscalía Regional Occidente citó a declarar como imputada a una funcionaria del Poder Judicial en la arista que busca dilucidar una eventual responsabilidad penal de quienes estuvieron detrás de la liberación del sicario del llamado Rey de Meiggs.
Recordemos que Alberto Mejía, ciudadano venezolano de 18 años de edad, salió de Santiago 1 luego de que se revocara su prisión preventiva tras una serie de errores en su identificación entre gendarmes y la jueza Irene Rodríguez.
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La primera resolución que decretaba su prisión preventiva tenía un error en la identidad. De hecho, inicialmente utilizó el falso nombre de Osmar Ferrer. Luego se emitió un segundo documento que anulaba la decisión y, finalmente, una tercera resolución con el nombre correcto.
Pese a que esta última fue enviada a Gendarmería a las 14:00 horas del mismo 10 de julio, Mejía fue igualmente liberado cerca de las 20:00 horas.
El joven aprovecho las circunstancias y abandonó el país.
«INFORMACIÓN SESGADA»
Por el momento esta arista de la indagatoria está desformalizada.
De acuerdo con lo planteado hace algunos días por el fiscal regional Marcos Pastén, en ella se investigan los eventuales delitos de evasión de un detenido, negligente o doloso, y falsificación de documento.
De lo poco que se conoce de la funcionaria imputada en la liberación del sicario, se sabe que está siendo asesorada legalmente por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.
Al respecto, el presidente del gremio, Nicolás Santibáñez, dijo en La Tercera que “actualmente hay mucha información sesgada, errónea e imprecisa que vulnera la indemnidad de las personas afectadas, en particular de una de nuestras asociadas».
Enfatizó, asimismo, que «nuestro gremio insta a respetar los procesos judiciales particularmente si se expone al escarnio público”.
De acuerdo con antecedentes del caso, hay al menos siete funcionarios de Gendarmería que asoman como sujetos de interés en medio de las pesquisas.
