Durante la tarde del miércoles, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, declaró en calidad de imputada por cerca de dos horas ante el Ministerio Público. Según dieron a conocer, esto fue ante el fiscal regional Marcos Pastén y los fiscales de apoyo.
La declaración fue en el marco de la responsabilidad que le cabría en la liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, autor material del crimen del comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el «Rey de Meiggs».
De acuerdo a fuentes de la investigación, la autoridad judicial, quien ha mantenido su inocencia, es imputada por el delito de prevaricación culposa. Según reveló La Tercera, esto apunta a una «imprudencia grave o ignorancia inexcusable» al realizar actos que permitieron la liberación del homicida.
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JUEZA DECLARA COMO IMPUTADA
Pese a que aún no ha sido formalizada, con la magistrado llegan a 9 los imputados por la causa, incluyendo a una funcionaria del Poder Judicial y siete gendarmes.
La presunta confusión se dio cuando la jueza, tras dictar prisión preventiva para Mejía y otros dos imputados venezolanos, emitió un nuevo oficio a Gendarmería donde corregía el nombre del imputado. Esto dejó sin efecto la primera resolución.
Cabe precisar que, previamente, la jueza ha apuntado a un «error de la parte administrativa». Asimismo, ha señalado que faltó un cotejo por parte de Gendarmería.
Según Rodríguez, el error que existió fue haber enviado el oficio que corregía el nombre a Gendarmería, ya que era de uso interno. No obstante, indicó que luego de enviarse ese oficio, se remitió inmediatamente un tercer documento a Gendarmería, donde se informaba la prisión preventiva.
Así, la jueza apuntó que existió un error por parte de Gendarmería al no cotejar la información. «Creo que faltó un cotejo y faltó una llamada al tribunal por último, por la duda», reiteró. Junto con ello, enfatizó que «también tiene que haber una investigación de Gendarmería porque esa falta de cotejo no se entiende».
