Matías Videla, exgerente general de Cencosud, sigue en el centro de la polémica luego de ser multado con 15.000 UF, más de $580 millones de pesos, por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por usar información privilegiada para comprar acciones de la compañía. El pasado jueves, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) respondió mediante un escrito al requerimiento de inaplicabilidad presentado por Videla ante el Tribunal Constitucional, buscando anular la sanción.
LA INFRACCIÓN DE VIDELA
La historia comenzó en febrero de 2022, cuando Videla notificó a la CMF que Cencosud Brasil estaba analizando la compra de la cadena brasileña Torre y Cía. Esa información fue considerada como confidencial. Sin embargo, el 13 de mayo de 2022, Videla compró 613.026 acciones de Cencosud por un valor superior a los $799 millones de pesos, justo en el período en que la operación aún estaba clasificada como reservada.
Según el CDE, Videla abusó de su posición privilegiada, comprando las acciones con información que no estaba disponible para otros inversionistas, una infracción que fue catalogada como «muy grave» bajo la Ley del Mercado de Valores.
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EL ARGUMENTO
El exgerente de Cencosud sostiene que las disposiciones del Decreto Ley 3.538, que facultan a la CMF a imponer sanciones, son excesivamente amplias y poco claras, permitiendo la imposición de multas sin criterios definidos.
Según su defensa, este vacío de normas vulnera principios constitucionales como la legalidad, la proporcionalidad y el debido proceso.
Videla pide que se dejen sin efecto los artículos 37 N° 2 letra a) y 38 del mencionado decreto, pues considera que son demasiado vagos y permiten una discrecionalidad abusiva en el establecimiento de las sanciones.
POSTURA DEL CDE
En respuesta, el CDE asegura que el sistema sancionador de la CMF es claro y detallado, con ocho parámetros establecidos en la ley para determinar el monto de la sanción. Entre ellos se encuentran la gravedad de la conducta, el beneficio económico obtenido, el daño al mercado y la reincidencia.
El organismo también defiende la multa impuesta, señalando que si se aceptara la apelación de Videla, los infractores quedarían impunes, lo que sería intolerable para el ordenamiento jurídico chileno. «La conducta de Videla resultó grave al aprovechar información confidencial para su propio beneficio», apuntan.
PRIMERAS DECISIONES JUDICIALES
Antes de llegar al Tribunal Constitucional, la defensa de Videla había intentado anular la multa a través de un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero su argumento fue rechazado. El tribunal falló que la multa era proporcional y se basaba en fundamentos legales sólidos. En este sentido, la Corte sostuvo que Videla había intentado aprovecharse de información privilegiada, lo cual afectó la integridad del mercado.
El caso sigue su curso ante la Corte Suprema, y en paralelo, el Tribunal Constitucional ha admitido el requerimiento de inaplicabilidad y deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
