El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda civil contra el arquitecto Iván Poduje, acusándolo de haber percibido remuneraciones sin cumplir los requisitos legales para integrar el Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Según el organismo, el profesional participó en sesiones clave entre julio y septiembre de 2020, periodo en el que no habría mantenido vínculo contractual con una facultad de arquitectura, condición exigida por ley.
FALTA DE REQUISITO HABILITANTE
La acción legal, presentada por el procurador fiscal Marcelo Chandía, sostiene que Poduje dejó la Universidad Católica el 16 de julio de 2020 y firmó contrato con la Universidad Mayor recién el 1 de octubre de ese año. En ese lapso —afirma el CDE— participó en tres sesiones oficiales del consejo, por las cuales recibió pagos equivalentes a 180 UTM. El organismo estima que esa remuneración carece de fundamento legal y exige su restitución, más intereses, alcanzando al 2 de junio un total de $12.381.300.
El CDE invoca el principio de «pago de lo no debido», argumentando que todo desembolso estatal debe estar sustentado en una obligación válida. En este caso, señala que hubo un “enriquecimiento incausado” a favor del arquitecto, al no cumplir con el requisito de ser académico activo de una facultad de arquitectura.
PODUJE DEFIENDE SU PARTICIPACIÓN
En conversación con La Tercera, Iván Poduje rechazó las acusaciones y aseguró que el monto en disputa sería inferior a lo señalado por el CDE. “El MOP objetó solo tres meses, en los que hubo una demora administrativa en la formalización de mi nuevo contrato”, explicó.
Iván Poduje aseguró que asistió a todas las sesiones del Consejo de Concesiones durante el periodo en cuestión y que cumplió íntegramente sus funciones. “Realicé el trabajo y nunca dejé de ser profesor de arquitectura. Solo hubo una demora en la formalización del nuevo contrato, por lo tanto, no corresponde que me descuenten nada”, afirmó.
Además, reveló que rechazó la propuesta del CDE para pagar el monto en 20 cuotas sin intereses ni multas, reiterando que su designación fue válida y respaldada. “Si el MOP hubiera estado en desacuerdo con mi situación, me habría removido del cargo, pero no lo hizo”, enfatizó.
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL CDE
La demanda se apoya en los artículos 2295 y siguientes del Código Civil, que regulan los cuasicontratos y buscan evitar el lucro injustificado a costa del patrimonio fiscal. Según el CDE, aceptar estos pagos sin acreditar la condición legal requerida vulnera el principio de legalidad y obliga a la restitución total del monto recibido.
La causa quedó radicada en el 11° Juzgado Civil de Santiago y ya fue notificada al demandado, quien otorgó poder al abogado Javier Rozas para su defensa. El caso reabre el debate sobre los controles administrativos en designaciones técnicas dentro de la administración pública.
Esto es una operación burda del CDE. Vamos a mirar quién está atrás por que es de baja estofa. @ipoduje fue confirmado en el Consejo de Concesiones bajo MB y SP por su calidad de académico (donde me constó su profesionalismo). Al borde de la prescripción el CDE aparece. pic.twitter.com/Wbboz4SMBN
— Gabriel Alemparte (@jgalemparte) July 24, 2025
