Este martes, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) entregará el informe solicitado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con el objetivo de esclarecer el apagón ocurrido el 25 de febrero.
Ese día, gran parte del país quedó sin suministro eléctrico, afectando a más de 19 millones de personas.
En el marco de las declaraciones de las autoridades ante el Congreso, los antecedentes recientes han señalado que el problema va más allá de una simple falla técnica.
Se ha planteado una falta de resiliencia en el sistema eléctrico y una deficiente coordinación entre el sector público y privado. Se espera que el informe del CEN, que incluirá el análisis de una consultora internacional, reconstruya la cronología de los hechos y explique por qué Isa InterChile propietaria de la línea afectada actuó sin la autorización del Coordinador.
DOCUMENTO
El documento también buscará esclarecer quién debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido.
En caso de que la investigación determine culpabilidad de la empresa, algunos parlamentarios impulsarán un aumento en las sanciones e, incluso, la posibilidad de evaluar una eventual responsabilidad penal, considerando los fallecimientos de pacientes electrodependientes durante el apagón.
Por otro lado, hay quienes sostienen que se trata de un problema estructural del Estado, que se ha arrastrado en Chile por al menos seis años.
Utilizando la imagen del Palacio de La Moneda a oscuras como símbolo de la crisis, han emplazado al CEN a que sus autoridades pongan sus cargos a disposición.
EJECUTIVO
Sobre este punto, el Ejecutivo ha enfatizado que, según la legislación vigente, las empresas privadas están obligadas a contar con planes de contingencia ante cortes de suministro.
Durante los debates en el Congreso, también se ha planteado que el apagón afectó la «imagen» del país, generando inquietud en términos de seguridad y conectividad.
En esa línea, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, opinó que el evento era completamente evitable y que las empresas deben estar preparadas para responder dentro de los plazos que exige la normativa vigente.
Lo que aún no se ha esclarecido es por qué, si la falla fue reportada al menos dos horas antes, los protocolos preventivos y la respuesta ante la emergencia no evitaron una crisis que hoy tiene enfrentados al mundo técnico y político.
