Según lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 48/2025 del 14 de julio, la situación de Julia Chuñil Catricura reviste un carácter urgente y grave, ya que sus derechos «Se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable».
Por ello, se instó al Estado de Chile a «Redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero» y a mantener a su familia debidamente informada.
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Aunque la Comisión «Valoró el compromiso y las acciones» adoptadas por el Estado chileno en relación con este caso, también manifestó preocupación debido a que «Tras más de siete meses desde la desaparición de la beneficiaria no se ha dado con su paradero ni se cuenta con información que permita el esclarecimiento de los hechos».
TRANSCURSO DEL TIEMPO
El organismo advirtió que el transcurso del tiempo podría «Dificultar la eventual ubicación de la beneficiaria y es susceptible de generar mayores afectaciones a sus derechos a la vida e integridad personal».
Al respecto, el hijo mayor de Chuñil, Pablo San Martín, expresó a la organización Escazú Ahora que «La CIDH da un mensaje claro: aquí el Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos para dar con el paradero de mi madre. Y eso implica que se destinen más recursos y policías a la investigación y que la Fiscalía dialogue más con nosotros».
Agregó además: «No puede ser que llevemos más de 8 meses sin ningún avance concreto. El Estado tiene que redoblar sus esfuerzos y tiene que incluirnos a nosotros, la familia, en este proceso por la búsqueda de verdad y justicia. Nos tiene que mantener informados y al tanto de cómo avanza esta investigación».
ORGANIZACIÓN
La organización Escazú Ahora ha denunciado que desde 2018 la activista ha sido objeto de amenazas verbales, actos de intimidación física e incluso ataques a su propiedad, perpetrados por empresarios locales que buscan explotar un bosque nativo de 900 hectáreas para vender su madera.
Ante esto, el presidente de la agrupación, Sebastián Benfeld, sostuvo que «Con estas medidas, la CIDH da una señal clara sobre la urgencia de proteger a quienes defienden la tierra, el agua y el medioambiente frente a amenazas reales y gravísimas. Necesitamos crear institucionalidad y condiciones para que nunca más tengamos que enfrentar desapariciones como esta en nuestro país».
Finalmente, en enero, la Fiscalía comunicó que aplicaría en este caso un protocolo de derechos humanos en el marco del Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero en la protección de defensores ambientales, con el objetivo de intensificar la búsqueda de Chuñil.
