La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha suspendido la oferta pública, transacción y cotización de las cuotas de los fondos administrados por Sartor AGF –quien fue concesionaria de La U–, una sociedad en proceso de liquidación.
La medida tendrá vigencia por 30 días o hasta que la administradora logre valorizar correctamente el patrimonio de los fondos.
La decisión fue adoptada por la presidenta de la CMF, Solange Berstein, tras recibir un informe del liquidador de la administradora que señaló la existencia de posibles «deterioros significativos» en la valorización estimada por la anterior administración de la AGF.
Aunque estos deterioros aún no han sido cuantificados, la administradora está tomando medidas para determinar su alcance.
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MEDIDA PARA PROTEGER EL MERCADO
La CMF argumentó que «los inversionistas y mercado en general no cuentan con información veraz, suficiente y oportuna sobre el patrimonio de los fondos administrados por esta sociedad y, por ende, sobre la correcta valorización de los mismos».
La situación fue calificada como «grave y urgente». Pues la información financiera de los fondos no sería adecuada para la cotización o transacción de cuotas como valores de oferta pública. Por ello, la CMF actuó conforme al artículo 14 de la Ley N°18.045.
HISTORIA DE IRREGULARIDADES
En diciembre de 2024, la CMF ya había revocado la autorización de existencia de Sartor AGF y designado un liquidador. La Comisión concluyó que la administradora «no ha ejercido sus funciones con diligencia».
Además, que su modelo de negocio evidenciaba un patrón «basado en la utilización de los fondos bajo su administración como vehículos de financiamiento para entidades relacionadas a sus directores y accionistas mayoritarios».
Ahora, la administradora tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La suspensión afecta los fondos listados en la Bolsa de Santiago, generando incertidumbre entre los inversionistas y el mercado financiero. La resolución busca proteger el interés público mientras se clarifica la verdadera situación patrimonial de los fondos administrados.