A partir de este lunes 26 de mayo, comenzarán a regir sumarios administrativos en todos los ministerios y servicios públicos del país, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades tras el informe de la Contraloría General de la República respecto al uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, aseguró que el Gobierno tendrá «tolerancia cero» frente a las faltas a la probidad y que aplicará todas las sanciones correspondientes, incluyendo la destitución de quienes resulten responsables.
La medida se suma a la ley publicada este sábado, que endurece las penas a médicos que emitan licencias falsas, marcando un punto de inflexión en la política pública sobre el tema.
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No obstante, desde el Congreso surgieron fuertes críticas a la falta de fiscalización durante años. El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó la ineficacia del convenio firmado en 2014 entre la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI para cruzar información.
En tanto, el senador Francisco Chahuán denunció que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez no pudo cumplir sus labores debido a que el Ministerio de Hacienda no entregó el presupuesto necesario.
Expertos como el exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, y el exministro Álvaro Erazo coincidieron en la necesidad de actualizar y fortalecer los sistemas de control. Ambos señalaron que estas mejoras no solo permitirían reducir las pérdidas fiscales, sino también garantizar adecuadamente el derecho al reposo de los trabajadores.
En paralelo, la Fundación Fuerza Ciudadana, a través de su representante legal Raimundo Palamara, presentó una querella criminal por fraude al fisco en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando no solo a los funcionarios involucrados, sino también a las autoridades superiores y jefaturas responsables de prevenir este tipo de hechos.
